Un asunto ineludible

Un asunto ineludible

El debate sobre el trabajo por horas debe ser más racional que emocional.

Por: Editorial
08 de febrero 2020 , 10:52 p.m.

En un país en el cual la polarización política sigue a la orden del día y las redes sociales se utilizan para condensar en una frase la declaración de un funcionario, resulta fácil llevar discusiones que deberían ser racionales al terreno de lo emocional. Así lo acaba de comprobar la saliente ministra del Trabajo y nueva titular de la cartera del Interior, Alicia Arango, por cuenta de una entrevista televisiva en la cual se refirió a los cambios que merece el sistema de seguridad social en Colombia.

La polémica nació a raíz del ejemplo de contratar un ingeniero de sistemas por horas, lo cual ofendió a algunos integrantes de esa disciplina y sirvió para decir que el Gobierno pretende acabar con la jornada laboral establecida. Semejante caricatura no solo confunde a la opinión, sino que impide adelantar un debate serio sobre la evolución de la naturaleza del trabajo en un mundo en el cual más personas prestan servicios puntuales, como sucede en el campo de la tecnología.

Aparte de que hay profesiones en las cuales un especialista deriva su ingreso de atender a individuos que le pagan por un oficio determinado –una categoría en la que se ubican médicos, odontólogos, conductores o plomeros, entre muchos otros–, es incuestionable que en otras áreas hay una evolución, en la cual queda atrás el modelo tradicional de ir a una oficina de ocho de la mañana a seis de la tarde. Son incontables los casos en los que, por mutua conveniencia, una función se realiza a distancia y el pago se hace por producto entregado.

Dicha modalidad es legal en el territorio nacional. Sin embargo, el desafío es cómo llevar a quienes operan de esa manera a cotizar, tanto para pensión como para salud y riesgos laborales. En 2013 se dio un avance al permitir las cotizaciones por semanas para trabajadores dependientes, como los empleados domésticos. No obstante, falta un enorme terreno por recorrer, y más en un país en el que la informalidad está presente en más de la mitad de la población ocupada.

Ese es, precisamente, el meollo de la cuestión. Desde hace años, los técnicos vienen señalando que el sistema vigente no solo es insostenible, sino que tiene una cobertura limitada y es inequitativo. Oponerse a reformarlo, o cerrarles las puertas a aquellos que podrían ingresar en la senda de una pensión de la cual disfrutarán al final de su vida laboral, equivale a perpetuar una estructura que beneficia a un número pequeño, pero cuyo costo es asumido por todos los colombianos.

No está de más recordar que hoy en día apenas uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años recibe una mesada igual o superior a un salario mínimo. Si bien hay programas de transferencias condicionadas que sirven como paliativo, la verdad es que una elevada proporción de los integrantes de la tercera edad deben proveerse su sustento o depender de la ayuda de sus familiares. Ello deriva en que este grupo poblacional registre índices de pobreza muy superiores al promedio.

Más inquietante aún es constatar que la edad promedio de los colombianos sigue en aumento. Los cálculos de los demógrafos muestran que, para mediados de este siglo, el número de adultos mayores se triplicará y serían más de quince millones de personas. En caso de que la desprotección sea equivalente a la de ahora, la cantidad de compatriotas en condiciones de miseria crecerá en forma significativa.

Oponerse a reformar el sistema pensional actual, o cerrarles las puertas a quienes podrían ingresar en la senda de una jubilación, equivale a perpetuar una estructura injusta

De otro lado, existe un esquema de subsidios perverso. Está comprobado que la mitad de las transferencias que se hacen con el fin de pagar las pensiones favorecen al 20 por ciento más rico de la población. Por absurdo que parezca, los indicadores de desigualdad en Colombia empeoran debido a esta circunstancia, pues un jubilado que recibe una mesada de 25 salarios mínimos en el régimen de prima media obtiene un ‘regalo’ diez veces superior al de aquel que gana un salario mínimo y medio.

Debido a ello, lo que cualquier observador desprevenido podría suponer es que la gran mayoría de la ciudadanía estaría exigiendo un cambio con el fin de equilibrar cargas y beneficios, en pro de construir una sociedad más equitativa. Lamentablemente, buena parte de quienes impulsan las protestas callejeras demandan que cualquier idea de reforma pensional se archive y que no se toque tampoco el tema de cómo lograr que aquellos que trabajan a destajo o por horas se vinculen a la seguridad social.

Defender el ‘statu quo’ es una actitud reaccionaria, la misma que la Real Academia define como “oponerse a cualquier innovación”. Los antagonistas del Gobierno creen que lo que importa es derribar cualquiera de las propuestas que vengan de la Casa de Nariño, sin considerar lo que contengan. Resulta triste que dicha actitud desemboque en que los privilegios de una minoría se perpetúen por cuenta de impedir que se hable de un cambio que es necesario, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como de la ética y de la igualdad.

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