Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley

El macabro negocio de la explotación sexual de menores en Cartagena ha recibido un duro golpe.

Por: EDITORIAL
31 de julio 2018 , 12:00 a.m.

Entre los muchos males que nos aquejan hay uno, la explotación sexual, especialmente de menores de edad, que retrata los abismos más bajos a los que puede caer el ser humano. El aprovechamiento monetario de las aberraciones de los depravados, pero sobre todo la destrucción inmisericorde de todo lo que representa la niñez, se unen en este crimen para crear una sombría realidad que se nutre del potencial turístico de muchas de nuestras regiones.

Ese macabro negocio acaba de ser golpeado por una megaoperación de la Fiscalía, la Policía y Migración Colombia contra las redes que manejan la prostitución en Cartagena. Al menos 250 menores de edad –muchas de ellas venezolanas– fueron por años víctimas de estas bandas, que las ofrecían al mejor postor. Van 18 capturas, pero vienen más, porque la justicia está también detrás de los depredadores que pagaban por la compañía de menores, quienes eran ofrecidas por catálogo en sitios turísticos, hoteles, centros de fiestas y hasta en yates. Entre estos últimos hay, incluso, un oficial de la Infantería de Marina.

Una mujer, Liliana del Carmen Campos Puello, es señalada por la justicia como la mayor proxeneta de la Heroica en los últimos años. La Fiscalía tiene documentados sus millonarios negocios, que incluían el envío de menores a países vecinos y a Miami.

Dos policías y los administradores de dos lujosos hoteles de la ciudad también fueron detenidos. Igualmente, dos de los encargados de reclutar a sus víctimas en los barrios más pobres de Cartagena.

Que siga la tarea, pues lo que ha encontrado la justicia es apenas la punta del iceberg de lo que pasa en esos bajos mundos desde hace décadas.

La operación, llamada Vesta, duró más de seis meses e incluyó la instalación de cámaras escondidas en puntos icónicos de la ciudad, como la torre del Reloj, y la interceptación de miles de llamadas y mensajes de texto y de WhatsApp que serán determinantes para que por fin haya condenas.

Este golpe devuelve un poco la esperanza. Aunque es un lugar común, todos los colombianos debemos velar para que contra los responsables de tan oprobioso comercio caiga todo el peso de la ley, sin miramientos.

Y que siga la tarea, pues lo que ha encontrado la justicia es apenas la punta del iceberg de lo que pasa en esos bajos mundos, y además desde hace décadas. Autoridades complacientes, cuando no corrompidas; la miseria endémica, delincuentes enquistados en la infraestructura turística y, de contera, una sociedad que se acostumbró a mirar hacia el otro lado explican en buena medida los alcances que este crimen ha adquirido en el país. No tiene la menor presentación, por ejemplo, que la casa Benjamín, el supuesto hostal del israelí Assi Moosh –expulsado de Colombia en noviembre pasado por sus negocios oscuros– haya seguido operando pese a que, supuestamente, estaba sellado desde esa época. Ese fue uno de los locales allanados en la operación Vesta, y cuando las autoridades arribaron estaba en pleno funcionamiento, lo que demuestra hasta dónde llega el poder corruptor de quienes controlan este tráfico.

Los colombianos nos indignamos cuando el país aparece en la lista de los llamados destinos sexuales. La indignación debe dar paso a la acción, cerrándoles el paso a comportamientos, por acción u omisión, que dan pie a estigmas tan deplorables.

editorial@eltiempo.com

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