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Solución que no da espera

La salud mental, que cuesta muchas vidas, debe ser un tema de ineludible prioridad.

Editorial
El país necesita con urgencia adoptar medidas para prevenir y atender los crecientes problemas de salud mental que amenazan con convertirse –de acuerdo con los expertos– en “la próxima pandemia”. Así de inquietante es la situación que ya desde antes del covid-19 se presentan rezagos importantes en este tema, tanto que la última encuesta de salud mental del Ministerio de Salud (2015) reveló que al menos el 10 por ciento de la población registraba alguna alteración que requería tratamiento, con el agravante de que solo uno de cada diez de ellos lo recibía de manera oportuna y suficiente.
Un preocupante balance que se empeoraba al saber que el 52,2 por ciento de los jóvenes presentaban entre uno y dos síntomas de ansiedad, así como se identificaba que solo el 36,6 por ciento de los adolescentes consideraban que su estado de salud era excelente, al igual que menos de la mitad de los mayores de 60 años. Justo antes del inicio de la pandemia, el Dane, a través de sus estadísticas vitales, observaba un aumento de la tasa de suicidio por cada cien mil habitantes, pasando de 5,1 en el 2015 a 5,9 en 2019. Para el cuarto trimestre de 2019, el Dane daba cuenta de una tasa de suicidio ampliado de 1,9, lo que implicaba que dos de cada cien personas se quitaban la vida. La incursión del Sars-CoV-2, con todos los miedos, dramas y medidas, impulsó el aumento de todos los indicadores, que en poco tiempo marcaron sus huellas en todo el espectro de la salud mental con relevantes desbordes en los casos de ansiedad, depresión y pánico en todas las edades.
Lo anterior se ratificó a través de sondeos periódicos que analizaban el estado de ánimo nacional, como la encuesta de Pulso Social, que, además, ponía de presente que las mujeres –principalmente las cabezas de hogar– y los menores se ubicaban en los primeros lugares de afectación, además de que la asistencia para este tipo de cuadros se vio truncada por factores ligados a la epidemia que cedió el paso para la atención de los problemas agudos que empezaron a congestionar los hospitales y las áreas de consulta permitidas. En otras palabras, el mantenimiento de la salud mental y sus problemas pasaron a un segundo plano en esta etapa. Y eran momentos complejos en que la soledad, el estrés y la preocupación empezaron a invadir y a instalarse en las personas, sin distingo de su condición.
En medio de este panorama, los números que miden el estado de la salud en el mundo son escalofriantes. Basta ver que el planeta, en cifras de hoy, pierde cada año doce mil millones de días hábiles por incapacidades relacionadas con la salud mental de la población, superior a otros males como diabetes, cáncer, o enfermedades cardiovasculares.

Injusto sería decir que no se ha hecho nada, porque existe una política nacional de salud mental con objetivos, indicadores y presupuestos bien orientados, pero que  resulta insuficiente

En América Latina, estos años de vida saludable que se pierden por discapacidad generada por trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias y suicidios ya es la quinta parte (19 por ciento) de todas las pérdidas derivadas de enfermedades no transmisibles. Es un indicador que en Colombia, preocupantemente, alcanza a ser el 32 por ciento. Y tal vez un aporte significativo a este deterioro son las cifras de suicidios, que en el país han crecido el 11 por ciento solo en el último trimestre. Una muestra de este flagelo son los reveladores informes publicados por este diario que reportan dolorosas tendencias al aumento de este tipo de actos, principalmente en los menores de edad, que en últimas terminan aportando las mayores proporciones de vida útil que se pierde en condiciones muchas veces prevenibles.
Injusto sería decir que no se ha hecho nada, porque existe una política nacional de salud mental con objetivos, indicadores y presupuestos que están bien orientados, pero esta, dadas las condiciones, resulta insuficiente para abordar una problemática de tal dimensión, por lo que se requiere, además de ajustar todas sus aristas para llevarla a la práctica de la mejor manera, reforzarla dentro de un contexto de integralidad en el marco de la garantía de la salud como derecho fundamental, estructurada en la ley estatutaria de salud (1751 de 2015), que debe ser un derrotero ineludible en esta tarea. La situación amerita toda la conciencia de lo que significan estas enfermedades, toda la acción, toda la prevención. Aquí el llamado es a la acción completa del Estado, incluida la comunidad, para enfrentar una situación que terminó afectando sin distingos a toda la población.
El foro ‘Política de salud mental: de la teoría a la práctica’, realizado esta semana por esta casa editorial, deja claro que hay esperanzas si se actúa con celeridad, certezas y con las herramientas que están descritas, entre las cuales no tienen cabida la atomización de acciones y la no priorización de esta situación. Es, sin duda, un tema prioritario y vital que la sociedad necesita.
EDITORIAL
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