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Repensar la estrategia

Frente al deterioro del orden público en varias regiones, es clave revisar planes y tácticas.

Editorial
La población civil de varias regiones del país recibió el 2022 con motivos crecientes de preocupación. Lo que ocurre con el orden público en departamentos y ciudades como Arauca, Chocó, Cauca –donde esta semana fue asesinado Breiner Cucuñame, niño indígena defensor del ambiente– y Cali ha sido asunto recurrente en las primeras planas. Se presentan situaciones graves en las que grupos armados se disputan el control de las rentas provenientes de economías ilegales y generan desplazamientos y reclutamiento de menores. A este duro panorama hay que sumar la confirmación del aumento de los homicidios en 2021. Con 13.709 asesinatos, se llegó a la cifra absoluta más alta en siete años.
Hay que hacer énfasis en la población civil, pues la constante en estas zonas es la sensación de vulnerabilidad de la gente ante la confrontación entre los grupos armados. Al pretender muchos de ellos ejercer control total sobre el territorio, volvemos a páginas traumáticas del pasado en las que cualquier persona sobre la que recaigan sospechas de no comulgar con lo dispuesto por los matones de turno, de inmediato queda en serio riesgo de muerte. No menos desgarrador es saber que persiste el reclutamiento forzado de menores.
Así está pasando en Arauca, cuyos habitantes claman a las autoridades revisar sus estrategias para evitar, a toda costa, volver a un periodo que allí se recuerda con verdadero terror: el vivido entre 2006 y 2010, cuando hubo una disputa abierta entre las Farc y el Eln por el control del narcotráfico, dejando más de mil muertos. Lo que ha pasado en lo que va de enero ofrece, por desgracia, motivos de peso para temer que esta pesadilla puede revivir: 33 personas muertas, 170 familias desplazadas, denuncias de enfrentamientos entre el Eln y el frente 10 de las disidencias de las Farc –en Colombia, pero sobre todo en Apure (Venezuela)– y un carro bomba en Saravena tienen en alerta máxima a autoridades y pobladores del departamento.
Los reportes provenientes de otros lugares también coinciden en la necesidad de prestarles atención a los civiles que quedan en medio del fuego cruzado entre Eln, disidencias y grupos criminales. En el Chocó se vienen dando desplazamientos motivados por la disputa que allá libran el Eln y las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el Cauca no cesan los choques también entre las disidencias, de nuevo el Eln y, ahora, la ‘Nueva Marquetalia’. De igual forma, el flagelo del asesinato de líderes no parece dar tregua. A la muerte de Breiner se sumaron esta semana la de la médica y lideresa social del Meta Luz Marina Arteaga y la de Mario Palomino, docente de agricultura en El Carmen de Viboral, Antioquia.
En Cali, el estallido de una granada en una concurrida zona comercial el jueves pasado en la noche llevó a que el alcalde Jorge Iván Ospina pidiera apoyo de instancias nacionales, pues asegura que la institucionalidad de su ciudad se ve desbordada ante el desafío que encarna el crimen transnacional alimentado por las actividades de narcotráfico en el área de influencia de la capital del Valle. Lo que describe Ospina es real. Tanto en su ciudad como en zonas mencionadas se lucha contra los negocios de narcotráfico y minería ilegal, además del contrabando y el lavado. Se puede decir que la amenaza para el orden público del país tiene probados tentáculos en otros países.

Las comunidades de los territorios más azotados por los violentos deben sentir que el Estado las escucha y que está en capacidad de garantizarles la tranquilidad mediante una presencia integral

Ni hablar de Arauca, donde el territorio venezolano es retaguardia segura de los grupos armados, como tantas veces lo ha denunciado el Gobierno. Es claro también que la firma de la paz con las Farc implicó un reacomodamiento de actores y fuerzas que hoy permiten hablar de un puñado de conflictos armados en curso de diferente intensidad. Además, el país, la sociedad toda, enfrenta a un grupo terrorista como el Eln, que tiene por bandera buscar minar las elecciones democráticas a sangre y fuego, y por lo que se ve ya está en la feroz tarea.
De cara a este complejo contexto surgen dos desafíos para el Gobierno. El primero pasa por una urgente actualización de las políticas de Estado para enfrentar el crimen. Una revisión que tenga muy presente todo lo que ha cambiado en el último lustro. Es posible que hoy deban replantearse los indicadores y las hojas de ruta que en el pasado fueron efectivos.
El segundo reto implica conseguir que las comunidades de los territorios más azotados por los violentos sientan que el Estado las escucha y que está en capacidad de garantizarles la tranquilidad mediante una presencia integral que complemente el necesario despliegue de tropas. Sin demeritar la importancia de lo que viene haciendo la Fuerza Pública y de los éxitos de tiempos recientes, hay que advertir sobre lo crítico que resulta lograr que estos tengan un impacto inmediato en la cotidianidad de la gente en forma de alivio y renovada y duradera sensación de seguridad que reviva esa esperanza por estos días esquiva en varias regiones.
EDITORIAL
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