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¿Regresa la fumigación?

¿Regresa la fumigación?

El Ejecutivo cumple los mandatos de la Corte para tener esta herramienta contra la siembra de coca.

El Gobierno presentó hace algunos días el proyecto de decreto que reglamentará el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato como punta de lanza de la estrategia antinarcóticos del país.

En medio de la polarización que genera el uso del herbicida, hay realidades tozudas: la principal de ellas, que después de que Colombia logró, entre el 2012 y el 2013, una reducción histórica de los narcocultivos (menos de 50.000 hectáreas de coca), las narcosiembras se multiplicaron en los últimos años hasta superar las 170.000 hectáreas.

El aumento de la coca coincidió con la suspensión de las fumigaciones, que fue adoptada por la administración Santos atendiendo mandatos de la Corte Constitucional y también como una apuesta por privilegiar los procesos de sustitución en un contexto de paz con la antigua guerrilla de las Farc.

Aclarados los alcances de las sentencias de la Corte sobre el glifosato –especialmente, que el alto tribunal no prohibió su uso de tajo, sino que exigió la elaboración de estudios científicos sobre sus reales efectos en la salud humana y el medioambiente, además de protocolos claros para su aplicación y la atención de quienes eventualmente se vean afectados por las aspersiones–, el Ejecutivo ha venido cumpliendo la tarea.

Estas no bastan por sí mismas para acabar con las narcosiembras, pero son una herramienta de la que no se puede prescindir definitivamente

Y en esa vía va el proyecto de decreto, que durante este mes de enero está abierto a los comentarios de los ciudadanos y debe ser objeto de un profundo debate que sin duda se verá enriquecido por las voces de los escépticos frente a esta estrategia.

Aún pendientes los informes científicos encargados al Instituto Nacional de Salud y al Minambiente, el Gobierno remarca varios puntos acerca de las fumigaciones: se complementarán con las otras herramientas antinarcóticos –erradicación manual, planes de sustitución– y se tomarán todas las medidas técnicas posibles para hacer más precisa el área sobre la que caerá el herbicida. No se fumigará en parques, reservas naturales, resguardos indígenas ni consejos comunitarios afros, cuerpos o cursos de agua, como tampoco en centros poblados. Y se establecen rutas para los reclamos por afectación colateral, las cuales serán monitoreadas por los organismos de control.

En todo caso, pasarán aún meses antes del despegue de la primera avioneta antinarcóticos. Y lo que debe estar claro para el país es que la persistencia de los cultivos de coca y de la cadena del narcotráfico que en ellos se inicia es la razón profunda de por qué, no obstante los procesos de paz con los paramilitares y las Farc, muchas regiones del territorio nacional siguen sumidas en la violencia y la ilegalidad.

Las fumigaciones, y así se ha demostrado desde finales de los 70, no bastan por sí mismas para acabar con las narcosiembras. Pero, y más en aquellas regiones donde las mafias siguen protegiendo su negocio con las minas antipersonas y los ataques armados contra los equipos de erradicación, son una herramienta de la que no puede prescindirse definitivamente a la hora de enfrentar el poder del narcotráfico. Eso sí, cumpliendo todos los mandatos de la Corte Constitucional y tomando nota de las lecciones y los errores de casi medio siglo de lucha contra la droga.

editorial@eltiempo.com

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