Que sea el último

Que sea el último

El caso de violación de una menor embera chamí por soldados indigna y obliga a nuevos correctivos.

Por: Editorial
25 de junio 2020 , 09:25 p.m.

Fue unánime, contundente y absolutamente comprensible el repudio que generó en el país la noticia de un caso de abuso sexual de siete soldados a una menor de edad perteneciente a la comunidad indígena embera chamí, en hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

En audiencia celebrada ayer, los siete acusados aceptaron el cargo de acceso carnal violento con menor de 14 años, tras lo cual fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Se trata de un caso aberrante: siete hombres uniformados, armados, que violan a una menor perteneciente a un pueblo indígena. Una vez más, tristemente, el cuerpo de la mujer es convertido en campo de –cobarde– batalla. Y con un conjunto de agravantes: la víctima es una niña –población históricamente desprotegida– perteneciente a una comunidad desprotegida, con la que el Estado tiene una eterna deuda social, y víctima de una sistemática exclusión por parte de un sector importante de la sociedad. Vulnerabilidad total que hace más vil, si es que es posible, el actuar de los soldados.

Es paradójico que unos pocos uniformados deshonren así
el uniforme, mientras sus compañeros demuestran día tras día su valor.

De ahí que lo sucedido en modo alguno puede quedarse en el ámbito judicial. Por supuesto, hay que esperar que la justicia actúe con total contundencia y los victimarios reciban una pena severa, acorde con la barbaridad en la que incurrieron. Y advertir, claro, que de ninguna manera pueden rondar este caso esos males tan de la entraña de nuestra Rama Judicial como, por ejemplo, las estrategias que se apoyan en el vencimiento de términos. Urge que se le haga un seguimiento constante al proceso, como ya lo anunció el ICBF. Aunque el presidente Iván Duque al condenar el hecho aludió a la cadena perpetua aprobada recientemente para estos delincuentes, es claro que al no estar todavía reglamentado el acto legislativo, no podrá ser este el castigo.

Así mismo, urge abrir –de nuevo, pues por desgracia existen antecedentes como el del subteniente Raúl Muñoz, que en Arauca, hace diez años, violó a dos niñas y las asesinó junto con su hermanito– la discusión sobre cuáles son los factores que terminan favoreciendo este tipo de conductas en algunos pocos integrantes de la Fuerza Pública. Son minoría, por supuesto. Y hay que señalar aquí la tristísima paradoja de que mientras la gran mayoría de los uniformados manifiestan una disposición admirable de entrega total –incluso de la propia vida cuando es preciso– en su labor de cumplir cabalmente con su deber constitucional, compañeros suyos acaben deshonrando el uniforme al protagonizar un hecho atroz como este.

Es verdad que el Ejército ha mostrado en los últimos años una franca disposición a tomar medidas tendientes a extirpar la violencia de género en cualquiera de sus expresiones. En esta urgente tarea se ha trabajado de la mano de la iniciativa No Es Hora De Callar, de esta casa editorial y que dirige Jineth Bedoya. Pero queda claro que, lamentablemente, el desafío persiste. Tal vez porque sus raíces se prolongan a esferas distantes de los cuarteles. Sea por la razón que sea, este episodio obliga a redoblar esfuerzos en el ámbito castrense. A hacer más, porque este caso tiene que ser el último.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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