Proteger la vida

Proteger la vida

Es urgente que los esquemas de seguridad vayan para aquellos líderes que de verdad viven en riesgo.

Por: EDITORIAL 
24 de mayo 2019 , 08:51 p.m.

Hace siete meses se conoció la noticia de que en Samaniego, Nariño, se llevó a cabo una exitosísima jornada en la que –con la participación de la Unidad de Atención a Víctimas y la articulación de la Personería del municipio– se consiguió atender a 550 víctimas del conflicto armado. El martes pasado se supo que Paula Andrea Rosero Ordóñez, la valerosa personera de esa localidad, había sido asesinada por un sicario a unas cuadras de su casa. Y se habló de los casos de corrupción que había denunciado en los últimos años. Pero, en especial, de la desprotección en la que viven los colombianos que han emprendido la tarea de defender los derechos de todos.

A principios de mes, cuando un grupo de líderes sociales del norte del Cauca sobrevivió por muy poco a un atentado, se supo que un par de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) habían resultado heridos –y habían salvado de la muerte a las personas que estaban cuidando– luego de un cruento enfrentamiento con hombres armados con ametralladoras y granadas. Fue claro entonces que, si bien no se trata de la solución de fondo, la situación de los líderes sociales es otra cuando están acompañados de esquemas de protección.

Fue un recordatorio, de paso, de que en Colombia hay cerca de 6.500 esquemas de seguridad que le cuestan a la nación 687.258 millones de pesos, pero que muchos de ellos podrían prestarles un verdadero servicio a los líderes sociales. Hay quienes dicen que una buena parte de los esquemas actuales son un asalto al presupuesto nacional.

Resulta increíble que no se haya logrado evitar que el Estado colombiano esté pagando los escoltas a muchos que no los necesitan.

Los contribuyentes costean las camionetas blindadas y los guardaespaldas innecesarios de una cantidad de ciudadanos que alguna vez, hace mucho tiempo, corrieron riesgos por pertenecer a algún gobierno o por ser familiar de algún político.
Es claro que la UNP no puede retirar los cientos de esquemas de protección innecesarios sin contar antes con las evaluaciones de varios organismos del Estado, pero, teniendo en cuenta que cada año llegan miles de solicitudes de defensores de derechos humanos, y luego de conocer el escalofriante informe de Indepaz y Marcha Patriótica que asegura que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, resulta increíble que no se haya llegado a una manera de evitar que el Estado colombiano esté pagándoles los escoltas a muchos que no los necesitan.

Si estos líderes y lideresas sociales del norte del Cauca no hubieran contado con los valerosos guardaespaldas que se enfrentaron a aquellos criminales, los medios de comunicación no habrían tenido que reportar un vergonzoso atentado sino una desoladora masacre de aquellas que un día se llegó a pensar que nunca volverían.

Por todo ello, es urgente no solo llamar a la sensatez a aquellos que se dejan proteger sin necesitarlo, sino a las entidades que rodean a la UNP –la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Policía, la Contraloría– para que los esquemas de seguridad se revisen y vayan, especialmente, para los líderes que de verdad viven en riesgo.

editorial@eltiempo.com

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