Protección integral

Protección integral

Urge una política de Estado para nuestros niños y niñas que no se agote en lo punitivo.

13 de octubre 2018 , 11:18 p.m.

La esperada y exigida liberación de Cristo José –el hijo de un alcalde de la zona del Catatumbo y quien, con apenas 5 años de vida, sabe ya lo que es haber sido secuestrado– es para los colombianos una buena noticia que, sin embargo, termina siendo una flor rara en medio de todas las tragedias que a diario golpean a nuestros niños y niñas.

Las cifras –y los hechos– son tozudos, como lo muestran varios informes publicados en este diario. En promedio, cada 30 minutos una niña menor de 14 años es víctima de violencia sexual en el país; y en 7 de cada diez hechos, el agresor es un familiar o un conocido. En el 2017 se denunciaron 13.429 casos, según la Fiscalía, pero las víctimas pueden ser muchas más, pues en esta materia el subregistro es la norma. Peor aún –denuncia un informe de la Fundación Plan–, el avance de las investigaciones penales por esos abusos no llega siquiera al 4 por ciento, y esa virtual impunidad se explica en buena medida porque los operadores de justicia no suelen dar credibilidad a las denuncias de las víctimas o les dan mayor peso a los segundos testimonios, aquellos en los que la persona afectada suele cambiar de versión por presiones e intimidaciones.

Además, este año han sido asesinadas 35 niñas, y el Estado logró rescatar a 333 más que eran víctimas de explotación sexual.

Cada una de estas dolorosas realidades evidencia que al país todavía le falta mucho para hacer valer realmente los mandatos constitucionales según los cuales los derechos de los niños prevalecen sobre los de todos los demás. Y no solo los derechos a la vida y a la integridad. Según estadísticas de Bienestar Familiar, al menos 7 de cada 100 niñas de entre 13 y 14 años son víctimas de explotación laboral. Y el porcentaje puede ser mayor en el caso de los niños.

No se trata de fijar nuevas normas que refuercen la protección de los niños –si bien ello no obsta para que se hagan ajustes legales en varios campos, como el endurecimiento de penas para los que instrumentalizan a los menores en las redes delincuenciales–.

Se trata, en esencia, de cumplir con los mandatos legales y constitucionales ya existentes, pero también de lograr, como bien lo resalta el fiscal delegado para los asuntos de niñez, Mario Gómez, de implementar mecanismos de protección y prevención que articulen tanto el sistema de salud como el escolar con las autoridades judiciales para investigar, aquí sí hasta las últimas consecuencias, cualquier tipo de agresión contra los derechos de un menor. Y, así mismo, conseguir que el sistema judicial cumpla su cometido de castigar y sacar de las calles a los depredadores reales o potenciales. Eso no está pasando, como lo demuestra otro informe de este diario según el cual no menos de 1.800 delincuentes que pagan pena por delitos sexuales tenían al menos otro registro penal. En casi 1.100 de esos casos, la víctima era menor de 14 años.

Cada una de estas dolorosas realidades nos muestra que aún falta mucho para hacer valer realmente los mandatos constitucionales según los cuales los derechos de los niños prevalecen.

El asunto empeora porque, al no existir los referidos programas efectivos de protección de la infancia, se suma que no se tiene un perfil psicológico exacto para determinar a los delincuentes sexuales. Sin embargo, sí existen algunos rasgos que permitirían identificar los comportamientos y actitudes de estos abusadores y ser la base de la educación a todo nivel para sospechar de su actuar de manera temprana.

Son personas con una marcada inmadurez psicológica o emocional y que probablemente fueron víctimas de abusos durante su niñez o también testigos de relaciones abusivas en ese periodo, lo que enmarca esta génesis en el abandono de determinantes socioculturales que el país no ha tomado en serio. Lo anterior con el agravante de que la mayoría de los victimarios no son ajenos al ambiente de niños y adolescentes y, por el contrario, suelen estar cerca del entorno familiar, escolar o de amistades. Para ser claros: con mucha frecuencia, los abusadores y violadores están en la misma casa de la víctima y, sin atenuantes, son completamente responsables de sus actos y usan sus relaciones de confianza con los menores para construir vínculos en los que posteriormente se manifiesta su enfermedad. Está ocurriendo algo execrable pero real.

No es extraño entonces que el abusador confunda y diluya sus sentimientos y la capacidad para detenerse frente a situaciones de ansiedad, temor y angustia de los menores; incluso, algunas corrientes académicas consideran que disfruta con dicha agresión.

Proteger de manera integral y eficaz a los niños debe ser una política de Estado. La discusión sobre esta tarea inaplazable no puede limitarse al componente punitivo, por más atención que este tema concite. Hay que educar a la comunidad y enseñarles a los niños a identificar a sus victimarios. Es una labor ineludible de todos; tal vez así la justicia tenga que actuar menos y los estadígrafos, dejar de sumar cifras que ya son de vergüenza.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

MÁS EDITORIALES

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.