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Protección efectiva

Protección efectiva

Son bienvenidas las leyes contra la delincuencia, pero no pueden asumirse como fórmula mágica.

En medio de la dura escalada de la delincuencia –según cifras del Ministerio de Defensa, a corte de julio los delitos de alto impacto, como el homicidio y el hurto a personas, habían crecido más del 20 por ciento con respecto al dato del mismo periodo de 2020–, el Gobierno ha presentado su propuesta legislativa para combatir ese flagelo.

Se trata de una iniciativa largamente reclamada por muchos sectores de la sociedad, que han visto cómo en los últimos meses la delincuencia ataca sin reato a cualquier hora del día y sin miramientos, incluso, por la vida de sus víctimas.

En este alarmante contexto, que va de la mano con la reactivación de la vida en las calles luego de las cuarentenas de la pandemia, es donde toman forma propuestas como penalizar con cárcel el porte de armas blancas y neumáticas, como parte de ese paquete legislativo, y son de buen recibo. También, revivir las herramientas para sancionar la reincidencia en el crimen, que es una realidad producto de la inoperancia de la justicia y, además, golpea fuertemente la confianza en las instituciones.

Dadas las circunstancias y la realidad que se vive en las calles de las ciudades, son bienvenidas todas las iniciativas que contribuyan a hacer más efectiva la lucha contra los delincuentes. Pero, siendo esto así, es necesario recordar las lecciones del pasado y no pretender que solo con el eventual endurecimiento de normas se puede solucionar una situación tan compleja como la actual.

Además de normas más realistas, es clave que las capturas no se caigan ante los jueces a tasas, como sucede hoy, de hasta el 80 por ciento de los casos. Capacitar a los policías y operadores judiciales para evitar que por tecnicismos jurídicos los hampones regresen a las calles es vital a fin de recuperar la confianza ciudadana y, desde luego, de evitar delitos.

Las polémicas dispersan las responsabilidades y recursos y terminan, al final, minando la confianza del ciudadano
de a pie.

Hay que incentivar la denuncia de las personas, que se ha perdido en medio de la extendida percepción de que de nada vale reportar que se ha sido víctima de los delincuentes.

Y es necesario analizar y atacar las ventajas estratégicas que aprovecha la delincuencia. Así, por ejemplo, es clave un amplio debate sobre cómo ponerle coto al uso del parrillero en la comisión de homicidios y atracos con violencia.

Mejorar también los tiempos de respuesta de la Policía ante las llamadas de emergencia está, así mismo, en el orden del día. En este campo hay que empezar por procurar datos confiables acerca de la efectividad de esa reacción. Pero, ante todo, es fundamental el trabajo articulado de todas las autoridades e instituciones. A nadie le sirven las pujas entre Policía, algunos alcaldes locales y Gobierno Nacional, pues esas polémicas dispersan las responsabilidades y los recursos y terminan, al final, minando la confianza del ciudadano de a pie.

Los estragos económicos de la pandemia y otros factores están aumentando la presión sobre nuestras ciudades en todos los aspectos. Por eso se requiere una estrategia integral que pasa, sí, por la adecuación de normas penales, pero que va mucho más allá para ofrecerles una protección efectiva a todos los ciudadanos.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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