Privilegios indignantes

Privilegios indignantes

Los cerebros de la corrupción resultan premiados con las comodidades del patio Ere Sur de La Picota

Por: EDITORIAL 
15 de abril 2019 , 08:09 p.m.

El artículo 29 del Código Penitenciario prevé que los servidores públicos de elección popular o funcionarios y exfuncionarios que gocen de fuero legal o constitucional que delincan deben ser enviados a establecimientos de reclusión especial.

Pero ninguna norma permite los excesos que se registran en el llamado patio Ere Sur de La Picota, en donde permanecen recluidos responsables y sindicados de algunas de las desgracias que azotan el país: la ‘parapolítica’, el desangre de la salud, las masacres y la corrupción, en sus diferentes modalidades.

Los lujos de los que gozan las personas allí recluidas, algunas con condenas por asesinatos, nexos con grupos criminales y hasta chuzadas ilegales, no se compadecen con el daño que le hicieron a la sociedad y tampoco son garantía de su eventual resocialización. Todo lo contrario, envían el nefasto mensaje de que hay sectores intocables que nunca sentirán el rigor de una condena gracias a su posición social.

Se requieren medidas urgentes para poner a raya a sus huéspedes, más ahora, cuando se aproximan las elecciones regionales.

Porque es incomprensible que la norma, de 1993 y que permite la existencia de este tipo de reclusiones especiales, no haya sido revisada, más aún después de escándalos protagonizados por los huéspedes del vip de La Picota.

Y no es posible que mientras Colombia está bajo la lupa internacional por los altos índices de hacinamiento carcelario, que bordean el 50 por ciento, allí sobren las celdas y el licor, al igual que los celulares ilegales de alta gama. El desconcierto que este contraste produce es más que comprensible.

Está claro, entonces, que el dinero no puede seguir siendo la llave para que personas que han aceptado haber recibido sobornos, hecho alianzas electorales con grupos armados y hasta tolerado masacres para seguir en el poder disfruten de privilegios y prerrogativas.

Ese fin de semana, la Unidad Investigativa de este diario reveló detalles del más reciente capítulo de excesos de algunos reclusos de ese pabellón, que en ciertos casos ni siquiera tienen las calidades para estar allí.

Solo se anuncian sanciones ejemplares y fortalecimiento de los controles, cuando una persona como el exsenador del Valle Juan Carlos Martínez Sinisterra es sorprendida en fiestas o corriendo los linderos de su ‘celda’ para ampliarla. Pero nada pasa.

Por el contrario, el anterior director de esa prisión, Luis Francisco Perdomo, terminó capturado y acusado de exigir fuertes sumas de dinero a reclusos para dejar entrar todo tipo de elementos y personas a otros patios, incluido el de los extraditables.

Y María Cristina Palau, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad habilitada para hacer prisiones más seguras e incorruptibles, completa dos semanas presa por supuestamente exigir millonarias coimas para direccionar la contratación de las obras.

Por eso, las gabelas que se siguen obteniendo en el Ere Sur merecen un pronunciamiento claro y contundente del Ministerio de Justicia, además de medidas urgentes, más ahora, cuando algunos de sus huéspedes se preparan para seguir haciendo componendas, de cara a los comicios regionales de octubre.

editorial@eltiempo.com

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