Para enfrentar un problema

Para enfrentar un problema

Lo vivido esta semana no puede repetirse, la Policía necesita cambios.

Por: Editorial
13 de septiembre 2020 , 12:58 a. m.

No fueron pocos los analistas que coincidieron en vaticinar un regreso de la protesta social una vez el país retomara su marcha habitual, bajo los parámetros de la nueva normalidad. Pero dicho retorno no se produjo de manera gradual o a partir de una gran convocatoria. La muerte de Javier Ordóñez, el martes pasado por la noche, en un episodio de brutalidad policial, detonó en Bogotá y Soacha violentas protestas que ya han cobrado trece vidas.

Es vital, reiteramos, que se aclaren las circunstancias y los responsables de estas muertes. Han proliferado en redes sociales videos que registran evidentes abusos y anomalías de los miembros de la institución, como uso indebido de sus armas de dotación, entrega de estas a civiles y golpizas a ciudadanos en estado de indefensión luciendo sus uniformes, de tal modo que se hace imposible la identificación de los involucrados, entre otros. También hay graves denuncias de intimidaciones a periodistas. En más de uno de estos casos, testimonios de testigos señalan a elementos policiales.

De igual forma, se tiene que esclarecer el real alcance, y los responsables si corresponde, de las convocatorias por redes sociales a protestar de manera violenta. El nivel de beligerancia de los manifestantes y su disposición a arrasar con lo que a su paso encuentran no solo son absolutamente condenables, sino que hacen válida la pregunta de qué tan espontánea fue la reacción, si había ya una preparación previa con métodos y blancos definidos. Liderazgos que abierta o sutilmente aúpan estas conductas deterioran la democracia. Todo esto ha hecho que a la zozobra e incertidumbre por la pandemia se sume la que producen tales escenas descorazonadoras. Y, sin querer minimizar el papel que en este caos han jugado los vándalos y su uso indiscriminado de una violencia ciega y brutal, aquellas en las que los policías incurren en abusos producen enorme desazón.

Urge entonces preguntarse qué está pasando con la institución policial, qué factores han confluido para que se produzcan estos comportamientos y qué hay que cambiar.

Conocedores del tema advierten sobre lo importante que es para su labor en una ciudad como Bogotá que las autoridades civiles del orden nacional y distrital estén alineadas en lo fundamental, lo que desgraciadamente no parece estar ocurriendo. Es de esperarse que la reunión del viernes entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López haya limado asperezas. Ojalá cese pronto el contexto de permanente y agobiante confrontación a través de Twitter entre el Distrito y la Casa de Nariño. Y ojalá pronto también se disipen los rumores sobre tensiones estructurales de vieja data en la misma institución, que podrían estar pasando una dolorosa factura en este momento crítico.

No pueden caer en saco roto los llamados a que esta se armonice con las nuevas realidades del país: la herencia de varias décadas de conflicto armado, por la cual esta fuerza adquirió un perfil más militar que civil, pesa mucho hoy en un país cada vez más urbano, donde tanto las amenazas a la seguridad como el actuar de los criminales han cambiado.

Es cierto que la mayoría de sus integrantes son servidores ejemplares. Pero es verdad también que esta realidad no excluye el enorme daño que causaron quienes deshonraron el uniforme

De igual forma, coinciden las voces, urge revisar si el tiempo de formación de los nuevos integrantes es el apropiado y hallar soluciones para problemas que cada vez hacen más mella en la moral de los uniformados, como el represamiento de los ascensos. La reforma de 1993, al introducir el nivel ejecutivo, trajo consigo la promesa no solo de poder ascender para los patrulleros, sino también de poder recibir más capacitación cada vez que se estuviera ‘ad portas’ del nuevo rango, pero esto se ve cada vez más lejano para los actuales patrulleros.

Otros factores entran en juego, como el papel que ha desempeñado la Policía en la implementación de las medidas tomadas frente a la pandemia, que ha sido fuente de roces y tensiones con la comunidad. Los uniformados se han visto en la obligación de regular aspectos cotidianos de las personas. Tal tarea perjudica gravemente la relación entre la comunidad y su Policía.

Es cierto, por último, que la mayoría de los integrantes de esta institución son servidores ejemplares, como lo ha reiterado el Gobierno. Pero es verdad también que esta realidad no excluye el enorme daño que causaron quienes deshonraron el uniforme. Negar esta realidad puede hacerle aún más daño. Resarcirlo obliga a algo más que refrendar el respaldo a su labor. Exige una actitud abierta para rescatar la confianza en la institución, lo cual necesariamente incluye reconocer que hay fallas, algunas graves, y que es indispensable buscar acuerdos mínimos con todos los sectores que permitan remediarlas. Ayudaría aceptar, con humildad, que esta semana se escribió un muy triste capítulo en su historia. Las declaraciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del director encargado, general Gustavo Moreno, pidiendo perdón por la muerte de Ordóñez, son un primer paso.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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