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¿Otro POT sin acuerdo?

¿Otro POT sin acuerdo?

Después de dos años, en el Concejo de Bogotá se corre el riesgo de sacar esta norma sin consenso.

Bogotá corre el riesgo de que, por tercera vez consecutiva, su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) quede truncado por falta de consensos. En el gobierno de Gustavo Petro, el plan fue negado; en el de Enrique Peñalosa, se votó en contra. Ahora, después de dos años de gobierno de Claudia López y cuando quedan pocos días para que se cumpla el tiempo reglamentario para su aprobación, una serie de circunstancias lo tienen al borde del abismo y con la posibilidad cierta de que sea la propia mandataria quien lo expida por decreto. O de que se hunda.

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Como en anteriores oportunidades, el trámite del POT no ha sido fácil. Se entiende que, tratándose de una norma que precisa cómo debe ser el desarrollo de la ciudad en los próximos 12 años, el cúmulo de intereses y apreciaciones sobre lo que debe quedar consignado puede generar encendidos debates. Lo cual es sano, de eso se trata la democracia deliberativa.

Por lo mismo, el plan se somete a una serie de requisitos previos: concertación con la ciudadanía, articulación con la CAR, concepto del Consejo Territorial de Planeación, cabildo abierto y, finalmente, la aprobación del Concejo. Amén de todos los aportes que se reciben desde el sector privado, la academia y centros de pensamiento.

Lo que llama la atención –y preocupa– es que después de casi tres meses el cabildo no haya dado inicio a los debates de fondo, aunque buena parte del articulado ha sido consensuado. De los 90 días para su aprobación, 76 se han ido en cuestiones de procedimiento. Existen diferencias importantes en algunos de ellos: densidad poblacional, prolongación de la ALO norte, la demanda de vivienda, el tamaño de estas, los planes maestros, entre otros. Todos son asuntos de hondo calado que necesitan ser discutidos a conciencia, antes que convertirlos en puntos de honor.

Un POT por decreto deja
por fuera la voz ciudadana y siembra muchas dudas; el Concejo debe obrar con grandeza.

Por eso preocupan las alertas de la alcaldesa y las denuncias de la presidenta del Concejo en el sentido de que hay saboteo y "manos oscuras" para no dejar avanzar el POT. La estrategia de las recusaciones (todas las bancadas fueron objeto de ellas) como fórmula para entorpecer los debates, y ahora varias tutelas, no le hace bien a nadie, ni siquiera al mismo cabildo, pero, sobre todo, a la ciudad. Más graves aún son las denuncias recientes sobre el manejo clientelista que se le estaría dando al tema, que ya puso en alerta a las autoridades.

Todo esto, sumado a un ambiente enrarecido por la campaña electoral, no hace sino alimentar dudas en torno a una normativa que merece una discusión en democracia. El plan debe ser una conjunción de normas que apunten al bienestar de la ciudadanía, no al favorecimiento de intereses particulares o partidistas.

El Concejo debe hacer gala de su papel y permitir que se surta el debate correspondiente. De no conseguirlo, el POT podría terminar siendo expedido vía decreto, lo cual no permite recoger la voz de la gente, sienta un manto de duda sobre muchas materias, radicaliza posiciones, evita frenar aquello que las mayorías consideran inconveniente y expone a la ciudad a decisiones que después podría lamentar. Y hundirlo, como ya se sugiere, sería empujarlo a un escenario más complejo, pues su discusión el próximo año en medio de campañas electorales no le augura mejor futuro.

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