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Oportunidad para el campo

El texto de la Ley de Tierras que llegará al Congreso es un gran avance si se evitan los micos.

Editorial .
Mientras el paquete legislativo que desarrolla los acuerdos firmados con las Farc a finales del año pasado trata de abrirse paso en el Congreso en medio del ausentismo parlamentario y las realidades políticas propias de la campaña electoral, aparecen iniciativas que no formarán parte del conocido ‘fast track’, sino que estarán sometidas al trámite ordinario. En esa lista, el proyecto más destacado es, sin lugar a dudas, el que atañe al campo colombiano, cuya historia está llena de promesas y frustraciones.

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Como es bien sabido, el primer punto de lo suscrito en el teatro Colón plantea una transformación estructural de las zonas rurales a través del acceso y uso de la tierra, de programas de desarrollo con enfoque territorial y de la provisión de bienes públicos esenciales para que la actividad agropecuaria sea productiva y sirva para superar la pobreza y reducir la desigualdad. Todo esto –dicho de manera explícita en los documentos negociados en La Habana– bajo los principios propios de la economía de mercado, en los cuales el desarrollo muestre un balance entre la agricultura familiar y la producción de escala, junto con la promoción de la inversión con visión empresarial y el respeto a la propiedad privada. Tales principios son los únicos que garantizarán el crecimiento en las áreas más olvidadas del país, punto en el cual el Gobierno no cedió durante la discusión y que por momentos pareciera que olvidan las Farc.

La trascendencia de las reglas de juego sobre el uso productivo de la tierra es tal que muchos piensan que aquí está la verdadera clave del posconflicto

Por esta razón, las normas que regulan la propiedad del suelo rural han llamado tanto la atención. La trascendencia de las reglas de juego sobre el uso productivo de la tierra es tal que muchos piensan que aquí está la verdadera clave del posconflicto.
Hasta ahora, pese a que el proceso no ha estado libre de controversias, la normativa ha cumplido con las expectativas. Así, reitera los principios rectores del modelo económico basado en el respeto por la propiedad y la iniciativa privada, establece mecanismos para la adjudicación de propiedades y fomenta la formalización de títulos y predios a partir de la construcción de un catastro multipropósito que permitirá que miles de colombianos accedan finalmente a tierra de un modo ágil. Así mismo, el proyecto de ley de tierras, que ya fue presentado para surtir la etapa de consulta previa ante las comunidades indígenas, deja prever que el Gobierno busca que las reglas de juego en lo tocante a lo rural sean más claras y se cierren para siempre las incertidumbres que han surgido.
El texto conocido cierra de tajo interpretaciones peligrosas sobre el uso de la expropiación y la extinción de dominio como mecanismos para la gestión de la reforma rural. Interpretaciones que podrían atentar contra la propiedad privada. Reconoce también que en el campo, además de la economía agrícola, hay otras actividades productivas legítimas que deben coexistir en el suelo rural. Esto incluye, entre otros renglones, la infraestructura, el turismo, la generación de energía, la explotación minera y de hidrocarburos.
Aparte de lo anterior, define la no explotación de la tierra, genera derechos y obligaciones para aquellos que cuentan con explotaciones productivas y reconoce que los cultivos y demás inversiones tienen ciclos distintos que deben respetarse. No menos importante es que da tranquilidad frente a posibles futuros abusos al establecer que la expropiación solo se utilizará como método residual cuando se hayan agotado otras fuentes del Fondo de Tierras.
Por último, buscando acabar conflictos y evocando el principio de cierre que subyace en el acuerdo mismo y la Jurisdicción Especial para la Paz, clarifica de una vez por todas la llamada acumulación ilegal de terrenos baldíos, recogiendo lo manifestado por la Corte Constitucional mediante su sentencia C-177.
Todo esto evidenciaría la disposición de los redactores del proyecto de no solo dar por cumplido el acuerdo, sino completar una verdadera asignatura pendiente. Son tantas las oportunidades perdidas y los desencuentros que no se puede hacer otra cosa que mirar con entusiasmo la posibilidad de pagar esta deuda histórica con el campo colombiano. Lamentablemente, es imposible pasar por alto el que es un verdadero lunar, el mismo que empaña este esfuerzo. El artículo 11 del proyecto de ley en consulta previa haría realidad una de las mayores indignaciones que levantaron los que representaban el No y que compartía gran parte de quienes apoyaban el Sí. Se trata de la preocupación de que a través de lo que salga del Congreso se legalicen, a nombre de los integrantes de las Farc o de sus testaferros, los predios que dicha organización tuvo bajo su dominio, en lugar de que sirvan para reparar a las víctimas despojadas, desplazadas y vulneradas por su intervención.
Por tal razón, será responsabilidad de los parlamentarios evitar en su momento lo que solo es posible describir como un verdadero exabrupto. Mantener los ojos abiertos para evitar los conocidos micos es indispensable si se trata de que la Ley de Tierras se convierta en la llave que permita abrir las puertas para que el campo en Colombia sea ante todo sinónimo de progreso y desarrollo y no de atraso, desigualdad y violencia, como ha sido el caso hasta ahora.
editorial@eltiempo.com
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