Ojo con los parques

Ojo con los parques

El miedo a morir no puede seguir siendo obstáculo para las autoridades ambientales.

Por: Editorial
27 de enero 2019 , 12:47 a.m.

La vida de quienes defienden cientos de especies de fauna y flora con su ardua tarea de velar por bosques, ríos y humedales en las áreas protegidas está cada vez más en riesgo. Si el país va a seguir ostentando con orgullo su amplia biodiversidad, debe triplicar sus esfuerzos para frenar ya el paso de la violencia por sus parques nacionales.

El reciente asesinato de Wilton Orrego, contratista de Parques Nacionales Naturales (PNN) en la Sierra Nevada de Santa Marta, y las amenazas al director del mismo parque abren una discusión que estaba pasando de largo en el debate nacional. La intimidación a los funcionarios ambientales y los líderes sociales que se ocupan de estos asuntos, de la mano con los impactos destructivos de las fuerzas ilegales, está llevando a una pérdida del patrimonio ambiental del país, especialmente concentrado en los 17 millones de hectáreas de preservación estricta.

Pero no solo debe preocupar esta pérdida. Las amenazas de las mafias ilegales, que tumban a un ritmo irracional y acelerado la selva amazónica en la región de la Macarena y en Chiribiquete, y las presiones de las bandas de narcotráfico en Sanquianga, en el Pacífico, o en el Paramillo, en Córdoba, configuran un mapa de violencias ante las cuales las autoridades ambientales no tienen cómo responder. Los poderes ilegales en el territorio, con la minería ilegal, la construcción de pistas para el tráfico de drogas, los cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras, son los motores de un cambio ambiental negativo y alarmante que ocurre a diario.

Este es un problema grave. Las cifras deben llamar la atención y generar acciones. Hay 17 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones a funcionarios o equipos completos de guardaparques en once áreas protegidas; la deforestación en estas áreas se acerca a las 12.500 hectáreas cada año, y Colombia sigue siendo uno de los tres países con mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, según la organización Global Witness. Esto sin mencionar que, en lugar de disminuir, aumentan las hectáreas sembradas con coca en los parques.

Por supuesto que la incidencia del conflicto armado es de vieja data en estas áreas. Las muertes, intimidaciones y amenazas a funcionarios de parques fueron noticia hace unas décadas. Lo lamentable es que tales noticias se repitan hoy. Hay que valorar como es debido la trascendencia de la valiente tarea de los guardaparques: ellos defienden el derecho colectivo al medioambiente, nada menos. Con sus actividades de control, vigilancia y educación, contribuyen a mantener servicios ecosistémicos como la provisión del agua, la regulación del clima o el mantenimiento de la calidad del suelo, que, en suma, son la estructura sobre la cual se sostiene nuestra sociedad y que garantiza a las nuevas generaciones una oportunidad para su desarrollo.

Esta crisis demuestra que la situación de seguridad en tales zonas sobrepasa la tarea de PNN, que carece de la capacidad operativa, jurídica o presupuestal para lidiar con la alta conflictividad en las reservas y las zonas de amortiguación cercanas a ellas, donde también son los líderes comunitarios quienes, en la lucha por mejorar la vida de su gente, encuentran la muerte.

El llamado, entonces, es para el Ministerio de Ambiente en especial. La cruda realidad obliga a replantear las estructuras institucionales que hoy tienen injerencia en estas actividades de control. Hay que revisar cuál debe ser el acompañamiento de la Fuerza Pública y la Rama Judicial. Esto, claro está, sin obviar que la militarización de la conservación no es el camino hacia una sustentabilidad de largo plazo. Por tanto, el trabajo conjunto con las comunidades –aprendiendo de sus prácticas tradicionales y ofreciendo alternativas para otros usos de la tierra– tiene que ofrecerse en paralelo. Pensar desde esta perspectiva los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y la configuración de las zonas de reserva campesina (ZRC) puede ser un aliado en la construcción de una paz con las comunidades y el medioambiente.

Si hace unos años la agenda de gobernanza ambiental no ocupaba la prioridad de los gobiernos, se hace evidente que ante el cambio climático, la degradación ambiental y el conflicto armado, esto debe cambiar. Velar por una institucionalidad ambiental que no tema cumplir sus funciones por el riesgo a morir, así como salvaguardar la biodiversidad, debe ser prioridad. Urgente. La falta de una actuación oportuna ante la crisis en los parques naturales puede llevar a perder, en solo un par de años, áreas estratégicas –sobre todo en la Amazonia– en donde hay cientos de oportunidades para promover otros caminos de desarrollo económico y social en el país.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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