Ojo a la contratación

Ojo a la contratación

Recientes episodios prenden alarmas sobre interesados en sabotear trámitesde licitación en Bogotá.

Por: EDITORIAL
06 de noviembre 2018 , 09:05 p.m.

Hace algún tiempo se advirtió en este mismo espacio sobre la necesidad de blindar los procesos contractuales que estaba a punto de emprender la Alcaldía de Bogotá. El ambicioso Plan de Desarrollo de la administración Peñalosa dejaba ver que las obras por ejecutar comprometían miles de millones de pesos y que, por consiguiente, había que asegurar el manejo transparente de tales recursos. Por fortuna, no se han presentado escándalos en ese sentido, síntoma de que, en efecto, se han adoptado los controles de rigor.

Por esa misma razón no deja de preocupar la denuncia hecha en tiempo reciente por varios medios –y la propia Alcaldía– que alertaron de un intento por incidir en procesos licitatorios de forma irregular. Ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando, según versiones oficiales, un funcionario de la Procuraduría General quiso frenar de manera irregular una licitación que adelanta la Empresa de Acueducto de Bogotá por 367.000 millones de pesos para la construcción de la planta elevadora de la estación Canoas. El caso ya está siendo investigado por el mismo ente de control, que suspendió al funcionario por tres meses.

Aunque en circunstancias distintas, hace más de un mes se produjo otro hecho que llamó la atención. A la Secretaría de Movilidad llegó una carta, remitida aparentemente por la Procuraduría, en la que se daba vía libre a la implementación de un nuevo sistema de semaforización para Bogotá. Días después, dicho organismo comprobó que el documento era falso, y así se lo hizo saber a la Administración. Lo sucedido en ambos casos deja ver que existen intereses, bien por sabotear los procesos contractuales o abiertamente para incidir en ellos con tal de beneficiar a un tercero. Práctica aberrante que merece toda la atención y colaboración entre autoridades para frenar el que bien podría convertirse en un escándalo mayúsculo en el futuro si no se actúa a tiempo.

Las autoridades deben hacer causa común para blindar
los procesos contractuales que adelanta la Administración Distrital.


La Alcaldía Mayor es quizás la entidad que está jalonando hoy por hoy los proyectos de infraestructura más importantes del país: el metro elevado, nuevas troncales para TransMilenio, autopistas, la descontaminación del río Bogotá y el corredor ambiental, para citar algunos. Se estima que el total de esas inversiones supera los 40 billones de pesos. En un país cuyo fuerte no ha sido la transparencia –como tristemente se corrobora todos los días–, los avivatos están al acecho para ver dónde ponen sus garras o dónde pueden voltear las cosas, y por eso urge mantenerse vigilantes.

La capital ha pagado con creces un alto precio en este sentido. Más de 2 billones de pesos se perdieron luego del escándalo del ‘carrusel’ de contratos, que hoy tiene tras las rejas a varios de sus protagonistas, pero otros son prófugos de la justicia. Sin embargo, no se ha recuperado ni un solo peso.

Cauterizar la vena rota de la corrupción y de los no pocos intereses políticos que subyacen en ella es un deber impostergable, pues los tentáculos de este cáncer pueden aparecer donde menos se espera. Tristemente, ese mensaje no ha conseguido calar en el Congreso, donde sigue agonizando el proyecto anticorrupción que respaldaron casi 12 millones de colombianos.

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