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No es de caballeros

No es de caballeros

Ser una pasión compartida no le confiere al fútbol ningún estatus especial frente a la ley.

Ser una de las grandes pasiones de los colombianos obliga al fútbol profesional a constituirse en un referente en asuntos que no pasan por el balón. La transparencia y la integridad tienen que ser los faros que guíen en todo momento y circunstancia el funcionamiento de los clubes y de la Federación.

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Desafortunadamente, lo encontrado por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con un presunto ‘pacto de caballeros’ entre 16 de los actuales 35 equipos profesionales para no contratar futbolistas que, en su derecho, han decidido no renovar su vínculo contractual con alguna de estas instituciones no confirma sino que, por el contrario, parece desvirtuar lo anterior. Los clubes señalados deberán ahora demostrar que no incurrieron en conductas opuestas al régimen de libre competencia, como lo sugieren las múltiples pruebas recopiladas por el órgano responsable de la inspección, vigilancia y control de sus actividades, y que este diario reveló esta semana. Lo divulgado generó un comprensible rechazo, pues, al parecer, se trataría de acuerdos que atentarían contra derechos fundamentales de los futbolistas. Y causó sorpresa porque se creía que ya habían quedado atrás los tiempos en los que el mercado de derechos deportivos se parecía a uno de esclavos, en el que los jugadores no tenían autonomía para decidir sobre su futuro y vivían subyugados a la voluntad de los dueños de su pase, término usado entonces.

La investigación de la SIC contra 16 clubes por un supuesto ‘pacto de caballeros’ ha generado,
con razón, desconcierto en la afición.

Por desgracia, no es esta la primera actuación de la entidad, en tiempos recientes, que involucra la institucionalidad del balompié. Todavía está fresca en la memoria de la gente la sanción que esta le impuso a la Federación Colombiana de Fútbol consistente en una multa de 18.000 millones de pesos –además de las que recayeron sobre varios de sus dirigentes– por conductas anticompetitivas, al simular una licitación que permitió, a su vez, que miles de boletas acabaran siendo ofrecidas en el mercado informal. El hecho ocurrió cuando aún se comentaba la decisión del expresidente de la Federación Luis Bedoya de entregarse a las autoridades de Estados Unidos y cooperar con ellas en el marco del escándalo del ‘Fifagate’.

Frente a esta realidad y, a la espera de que los equipos implicados ejerzan su derecho a la defensa, hay que recordar que el ser 'la cosa más importante entre las cosas menos importantes' y una pasión compartida como muy pocas que en momentos difíciles sirve de refugio, y que aun en tiempos de fractura y división logra unir y emocionar sin distingo alguno, no le confiere a este deporte ningún estatus especial ante la ley.

En tiempos complejos como los actuales, cuando en este campo también soplan vientos contrarios (basta ver los balances de los equipos o los datos de asistencia de muchos de ellos) y en los que la afición, por fortuna, tiene una mayor sensibilidad que antaño respecto a la necesidad de obrar con rectitud y apego a la ley, las buenas prácticas deben ser dogma en el ámbito administrativo del deporte. Es un imperativo ético, legal y moral cuyo desconocimiento puede resultar, en términos del mismo deporte, en una derrota por goleada, en un descenso en el corazón de la afición. Lo que, desde luego, nadie quiere.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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