La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un crimen que la sociedad tiene que condenar con firmeza. Las cifras que se dieron a conocer este miércoles en el foro ‘¡Pilas ahí!’, para la prevención de la violencia sexual’, organizado por la Secretaría de Educación, la Universidad de los Andes y esta casa editorial, no son solo alarmantes sino que indican que la batalla en este frente está pasando por un momento crítico y desolador.
Solo en Bogotá, la Secretaría tiene reportados 220 casos de presunto abuso sexual contra niños y niñas de colegios oficiales que involucran como victimarios a miembros de la comunidad educativa, pero también a familiares y personas de su círculo más cercano. La Fiscalía, a su vez, registra más de diez mil hechos relacionados con estas conductas en el país, un drama que no solo afecta a los centros urbanos sino al área rural, con el agravante de que es difícil poder denunciarlo.
Las consecuencias de este fenómeno –que por fortuna empieza a ser visibilizado– no solo se reflejan en una revictimización de los afectados, que tienden a creer que son ellos los responsables, sino que alteran en múltiples formas su desarrollo futuro. Expertos en la materia detectaron al menos 28 impactos en la conducta de un menor que ha sido abusado, y van desde la depresión hasta el suicidio.
Es fundamental una comunicación sin juzgamientos, transparente y que genere confianza con los niños, las niñas y adolescentes.
Lo más preocupante, según las autoridades, es que la violencia sexual contra niñas y niños tuvo un particular incremento después de la pandemia. Los orientadores y sicólogos de varias instituciones encontraron que muchos pequeños retornaron a sus colegios con traumas derivados de conductas abusivas producidas en sus hogares.
En este contexto, es de resaltar que campañas como ‘¡Pilas ahí!’, el sistema de alertas o las rutas de apoyo que vienen adoptando las secretarías de Educación y los colegios constituyen un paso fundamental para enfrentar este delito, como lo expusieron los funcionarios de Bogotá, Medellín y Tunja. Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que la Fiscalía General haya conseguido esclarecer más del 50 por ciento de denuncias por abuso sexual en todo el territorio nacional, incluyendo la captura de depredadores sexuales que, según el organismo, habían atacado a 77 mujeres.
La prevención de la violencia sexual, como bien se expuso esta semana, no atañe solo a estudiantes, maestros y directivas. La familia juega un papel clave en la detección y prevención de este tipo de abusos. Para ello es fundamental una comunicación sin juzgamientos, transparente y que genere confianza con los niños, las niñas y adolescentes.
Este es un requisito indispensable a la hora de activar toda la ruta de atención existente, no solo en entornos escolares, sino en los espacios donde ellos conviven. Y esto incluye una supervisión permanente –que no invasiva– de las redes sociales, que se han convertido en un detonante para el bullying, el ciberacoso y el abuso. El foro ‘¡Pilas ahí!’ dejó ver un panorama general de un delito que debe ser condenado con el máximo rigor que la ley permite. Pero no es menos importante el papel que la sociedad debe asumir para garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan derecho a vivir una vida plena y segura.
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