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Menos cárcel, más justicia

Buscar alternativas a la reclusión no solo es necesario, sino urgente y bienvenido si se hace bien.

Editorial .
Tan importante como castigar a quien ha violado la ley y proteger a la sociedad de aquellos delincuentes que encarnan un potencial peligro es garantizar que el tiempo de condena de los infractores sirva para su resocialización. Una tarea en la que el país poco ha avanzado, al punto de que sus centros penitenciarios son hoy más universidades del delito que espacios en los que el ser humano encuentra herramientas para volver a ser útil a la sociedad.
Lo anterior con ocasión del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo, con el importante apoyo del Consejo Nacional de Política Criminal, con miras a racionalizar las penas con cárcel. Esto con el doble propósito de combatir un inhumano hacinamiento en las prisiones, que hoy alcanza el 48,74 por ciento, y de cumplir, por fin, con la referida tarea de que quienes sean merecedores de castigos con detención intramural puedan dedicar este tiempo a fines distintos a perfeccionar su perfil criminal.

Es necesario advertir que son indispensables controles para que los corruptos no hagan un festín

Sobre el papel, el proyecto de ley tiene elementos que llaman la atención positivamente. Es el caso de la posibilidad de que responsables de delitos menores intercambien días tras las rejas por horas de trabajo comunitario. Igual ocurre con las ventanas que abre para que los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico –los cuales, en no pocas ocasiones, son una víctima más– accedan a beneficios y, con herramientas diferentes a la detención, para que padres irresponsables cumplan efectivamente con sus obligaciones. Sin duda, la iniciativa tiene los rasgos de audacia necesarios cuando las cifras demuestran que algunos de los preceptos actualmente vigentes en materia de política penal no han sido efectivos. Es una apuesta progresista que merece, en su tránsito legislativo, un debate informado y riguroso.
Con ello, claro, es necesario advertir que son indispensables controles para que los corruptos no hagan un festín. El riesgo es alto y los antecedentes, nada halagadores.
Acá es fundamental que las labores pedagógicas o culturales sean estrictamente supervisadas para que cumplan con objetivos claros de restablecimiento del tejido social y no queden reducidas a pantomimas que aceleren el regreso a las calles de quienes han obrado mal y son una amenaza para la gente. Como bien lo advirtió Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, sea por la vía que sea, es fundamental que los responsables de conductas punibles cumplan con la pena impuesta.
Así mismo, una ley de este talante no puede ser una rueda suelta. Tiene que formar parte de un engranaje mayor en materia de política criminal. La filosofía progresista que, sin lugar a dudas, la inspira debe verse reflejada en otras instancias. De nada sirve sacar adelante este proyecto si en paralelo se tramitan otros que han bebido de las aguas del populismo penal.
También debe recordarse –y los autores del proyecto parecen, por fortuna, tenerlo claro– que hay delincuentes cuya peligrosidad y recorrido por las sendas del delito imponen su permanencia tras las rejas. Y es que las penas tienen, además, un valor ejemplarizante: la tarea de enviar el mensaje de que el delito no paga. Procurar esto último es, por supuesto, el principal reto de esta meritoria iniciativa.
- editorial@eltiempo.com
Editorial .
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