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Más que salvavidas

Más que salvavidas

Urge encontrar fórmulas duraderas para salvar los sistemas de transporte masivo del país.

La aprobación, en primer debate, por el Concejo de Bogotá, del proyecto de acuerdo que le permitirá a la Administración Distrital destinar cerca de 1,1 billones de pesos a las maltrechas finanzas de TransMilenio –como parte de un paquete mayor de recursos destinado a programas sociales– es, sin duda, una buena noticia para la capital del país. No obstante, el que el sistema de transporte masivo de la ciudad, con todos sus componentes, reciba este necesario tanque de oxígeno no puede aplazar la necesidad de hallar la manera de que este sea sostenible en el futuro. Un reto que comparte con los demás sistemas de transporte masivo del país, duramente golpeados en sus cifras por la pandemia de covid-19.

El desafío es claro: las proyecciones de demanda que hicieron viable el modelo que sustenta estos sistemas, incluido el mismo metro de Medellín, ya no son las mismas. El factor principal aquí son los cambios que ha traído el coronavirus: cada vez más personas han optado por el trabajo en casa, al tiempo que el temor a las aglomeraciones ha hecho que otras tantas opten por la moto, la bicicleta o busquen la manera de adquirir un vehículo particular. En el caso de los buses rojos bogotanos, tal realidad reforzó una tendencia deficitaria en su operación que comenzó en 2011, cuando lo recaudado por pasajes dejó de ser suficiente para cubrir lo que cuesta tener en funcionamiento el sistema. Hoy, el valor real del pasaje sobrepasa los 4.000 pesos, mientras que la tarifa es de 2.500. En otras ciudades, dicha realidad se ha registrado incluso desde el momento mismo en que los sistemas fueron puestos en funcionamiento. En algunas, por el inusitado auge en años recientes del mototaxismo.

Más allá de cómo logren estos sistemas sortear la actual crisis –para la cual el Gobierno Nacional ya anunció que se encargará del 50 por ciento de las pérdidas generadas por la emergencia–, lo cierto es que el paradigma de la autosostenibilidad de estos debe quedar atrás. Ello obliga a aceptar como una realidad que tales sistemas requieren de un apoyo permanente proveniente de los recursos públicos. Urge, así mismo, transformar la mirada valorando lo que aportan a largo plazo en otros campos, sobre todo en materia ambiental, donde un transporte público organizado con tecnología no contaminante –como ya viene ocurriendo con los buses eléctricos y de gas del SITP– es, de lejos, preferible a la proliferación de motos y buses chimenea.

Las administraciones locales deben buscar fuentes alternativas de recursos que hagan viable y sostenible su operación

De ahí que el reto para las alcaldías sea no acostumbrarse a los salvavidas. El camino, tal como lo ha señalado el experto Darío Hidalgo, pasa por gestionar fuentes alternativas –cobros por congestión, por parqueo en vía, por aprovechamiento de los espacios físicos de los sistemas, entre otras– y reduciendo costos de operación. Examinar los actuales contratos con los operadores, a la luz de la nueva realidad, no puede descartarse.

Todo lo anterior, bajo la premisa de que la sostenibilidad de los centros urbanos, en cualquier lugar del mundo, está atada a poder contar con sistemas de transporte público eficientes y amigables con el ambiente. Un futuro sin ellos es impensable.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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