Comienza hoy una de las mayores apuestas que Colombia ha hecho con el fin de poner punto final a hondas fracturas, que son a la vez pesados lastres que impiden avanzar hacia un futuro más prometedor.
Es la Jurisdicción Especial para la Paz, sistema de justicia transicional inédito en el mundo y fruto de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, que busca el máximo grado posible de verdad, justicia y reparación en relación con hechos violentos ocurridos durante 53 años.
Por supuesto, aspirar a que haya verdad plena es una utopía, dados lo extenso del periodo y los incontables hechos violentos que sucedieron. Pero sí es legítimo anhelar que este esfuerzo –el cual deberá durar 20 años– traiga no solo alivio a las víctimas y respuestas a preguntas por décadas abiertas, sino también renovada confianza de los colombianos en las instituciones, en este caso en la justicia.
Se podría comentar lo monumental de los retos, de los que da cuenta la cifra de 7.392 postulados, entre exguerrilleros, militares, policías y particulares. Se le podrían, así mismo, dedicar varios renglones al hecho de que todavía están pendientes un proyecto de ley que establece las normas de procedimiento para el sistema y un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la ley que la reglamenta, del cual dependen asuntos tan cruciales como la suerte de los casos de violencia sexual. Pero es más pertinente a estas alturas señalar un puñado de retos cruciales que enfrentan quienes la integran.
La verdad debe ser completa;
la reparación, satisfactoria, y
la justicia restaurativa debe dejar claro que hubo castigo para el victimario.
El primero, el de construir certezas. La JEP debe demostrar que está en plena capacidad de cumplir con su misión y así dejar claro, con hechos, que esta apuesta era válida. Y por hechos se entienden resultados en sus actuaciones que no dejen ninguna duda sobre su eficacia y ecuanimidad. Sería en este sentido fatal percibir cualquier señal de que viejas mañas de la justicia, comenzando por la inercia burocrática, encontraron acomodo en ella.
Ligado al anterior está el desafío de dejar sin piso los no pocos mitos que los opositores del proceso de paz han construido sobre la JEP. La verdad debe ser completa y sin matices; la reparación, satisfactoria para las víctimas, y el bienvenido componente restaurativo de la justicia tiene el reto de demostrar que de esta manera también se puede enviar a la sociedad el mensaje de que hubo castigo para el victimario. De igual forma, debe quedar muy claro que los que incumplan y sigan delinquiendo después de haberse acogido a este mecanismo sentirán todo el peso de la ley.
Es fundamental tomar nota de errores y aciertos de lo ocurrido con los paramilitares y la ley de Justicia y Paz, que permitió su reincorporación a la sociedad. En particular, en lo que atañe a los incentivos perversos para obtener rebajas a partir de señalamientos no siempre veraces. Vicio que dio pie al flagelo de los testigos falsos.
Por último, es preciso recordar que el éxito de la JEP depende también de la ética de quienes serán juzgados. Deben tener claro que la generosidad de la sociedad al abrir esta ventana tiene sus límites y obrar en consecuencia, lo que no excluye que el Estado sea eficaz y severo con quienes no estén a la altura.
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