Libertades polémicas

Libertades polémicas

Recientes decisiones judiciales inician el debate sobre qué paradigmas debe seguir nuestra justicia.

Por: EDITORIAL 
10 de enero 2019 , 08:17 p.m.

La entendible indignación por los beneficios penales y carcelarios –incluida la libertad anticipada– de los que empiezan a gozar varios de los condenados por los más sonados escándalos de corrupción de los últimos años revive un debate recurrente en el país: el de las gabelas, para muchos excesivas, recibidas por los delincuentes que llegan a algún acuerdo con la justicia y, además, acuden a mecanismos establecidos por la legislación y que permiten disminuir el tiempo de permanencia tras las rejas, como el estudio y el trabajo.

De entrada, vale reconocer lo descorazonadora que resulta para los colombianos la imagen de esos grandes peces de la corrupción, como los Nule, gozando de las fiestas navideñas después de unos pocos años de detención que –y en esto es necesario ser enfáticos– cumplieron en condiciones muy distintas de las del común de los presos en el país.

La manida frase de que la justicia es solo para los de ruana –que en los últimos años ha perdido fuerza gracias a los esfuerzos de la Fiscalía y a la colaboración de los propios involucrados promovida por el sistema penal acusatorio– termina así revitalizada, a la par de la desconfianza del ciudadano de a pie en sus instituciones.

Nadie duda de que en esta materia hacen falta severos ajustes para tapar los múltiples huecos por los que los corruptos acaban saliéndose con la suya. Por ejemplo, que puedan irse a casa –mansión– por cárcel o, incluso, queden en libertad condicional sin haber devuelto lo que se robaron ni pagado las multas, como ha sido el caso de la mayoría de los que saquearon a Bogotá con el llamado ‘carrusel’ de la contratación. Y, ciertamente, es clave tener mayores controles sobre las cuentas de días descontados por los mencionados conceptos de trabajo y estudio que tan alegremente suelen ser certificados por el Inpec y aceptados por muchos jueces de ejecución de penas.

Pero también hay que ser realistas. Lo que precisamente muestra la historia, no solo acá sino en todo el mundo, es que sin la delación de uno de los involucrados difícilmente se destapan los torcidos negocios de los corruptos y que esas delaciones no aparecen por los reatos de conciencia, sino por las ofertas de beneficios penales que puedan recibir los delincuentes a cambio de ayudar a desmontar las redes criminales. Modelo polémico, sí, pero efectivo a la hora de llegar a los grandes capos de la ilegalidad, como sucedió con los hermanos Samuel e Iván Moreno, delatados por sus socios en el ‘carrusel’ y quienes recibieron las condenas más altas por ese asalto a la plata de los bogotanos. Vale también plantear el debate acerca de si la permanencia en prisión debe darse con incentivos que permitan la resocialización de los internos.

En el Congreso avanzan iniciativas que apuntan a limitar los beneficios penales y carcelarios en varios delitos, empezando por la corrupción. Está dada entonces la oportunidad para hacer los ajustes, sin duda necesarios pero que deben basarse en las frías estadísticas. La gran pregunta es qué modelo de justicia se quiere para el país. En el espectro están una perfecta, que casi nunca aparece, y una premial que, con todos su tropiezos, suele incentivar las delaciones y lograr condenas.

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