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La justicia vencida

La del vencimiento de términos es una de las figuras más representativas de los problemas judiciales

Editorial .
Una de las garantías universales del derecho es que los procesos judiciales no pueden durar toda la vida. Para hacer valer esa premisa, nuestras democracias han establecido términos máximos para las diferentes etapas procesales, así como mecanismos para conseguir que los diferentes operadores del sistema judicial cumplan esos tiempos.

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Precisamente, uno de los males inveterados de la justicia colombiana es el incumplimiento consuetudinario de los plazos procesales. Un sistema desbordado, usualmente mal gerenciado y además acosado por problemas históricos de falta de recursos y de controles, termina reflejando su precariedad en la mora de años, incluso décadas, para ponerles punto final a sus procesos. Al respecto, valga recordar esa vieja máxima de las aulas de la jurisprudencia según la cual la justicia que no llega pronto difícilmente puede llamarse justicia.
Si a ese complejo panorama se suman el largo arsenal de maniobras dilatorias que algunos abogados suelen utilizar entre sus estrategias de defensa, lo que resulta es la desmoralizadora imagen de las puertas de las cárceles que se abren para redomados criminales y protagonistas de escándalos de corrupción que les han valido miles de millones de pesos a todos los colombianos.

Ya hace mucho tiempo se cumplió la hora de pasar de las expresiones de indignación a las acciones para ponerle coto.

El vencimiento de términos se ha convertido así en una de las figuras más representativas de nuestros muchos problemas judiciales. Y hasta ahora no ha habido ministro de Justicia o corte que haya logrado al menos, parodiando la recordada salida de un expresidente de la República sobre la corrupción, reducirlo a sus justas proporciones.
El último caso conocido fue el de Ómar Ambuila, protagonista de un sonado escándalo de corrupción que quedó en evidencia ante el país por los lujos con los que vivía Jenny, su hija, y de los que ella dejó rastros en sus redes sociales. Los Ambuila lograron una discutida orden de libertad dictada por un juez que consideró que la Fiscalía desbordó el plazo de 240 días que da la ley para el inicio del juicio en su contra. Esto se dio en contravía de la decisión de primera instancia, que determinó que la demora se debía en buena medida a posibles maniobras dilatorias de la defensa.
Este tipo de situaciones acentúan la deteriorada imagen que tienen los colombianos de su justicia, y que las encuestas retratan con cifras de desconfianza que superan el 80 por ciento. Y hace ya mucho tiempo se cumplió la hora de pasar de las expresiones de indignación a las acciones para ponerles coto.
Se echan de menos las sanciones disciplinarias de la Judicatura contra esos abogados que han torcido su misión de defender cabalmente, siempre en el marco de la ley, a sus clientes. Las normas están ahí, pero no se ven las acciones ejemplarizantes que empiecen a desterrar la peligrosa práctica de las maniobras dilatorias en los procesos penales. Tarea que, por cierto, debe empezar en las facultades de derecho.
Faltan también señales claras desde las altas cortes, en especial desde la Suprema, para ir reduciendo el amplio margen de interpretación que tienen los jueces en esta materia. Esto, sin desmedro de las investigaciones en contra de servidores y funcionarios judiciales que hayan tomado decisiones claramente favorecedoras de los intereses de detenidos que no tenían derecho a la libertad.
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