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Editorial: Justicia especial, pero no insular

Un escenario de una justicia transicional desbordada sería un resultado de catástrofe.

Editorial .
Pasada ya la feliz página del cierre de las negociaciones con las Farc, con la subsiguiente y esperada divulgación del acuerdo final, procede concentrarse en los retos que siguen en la ruta hacia la paz estable y duradera. Trayecto sinuoso, camino culebrero –dirán otros–, del que solo se ha recorrido un tramo inicial.
Trecho que deja un hito, la firma de un pacto de paz que pone punto final a una cruenta guerra de medio siglo, que resiste todo tipo de calificativos esperanzadores y positivos. Con todas las críticas que se les puedan hacer a los seis puntos que lo componen, el que haya logrado silenciar los fusiles y detener, para posteriormente desarmar, una maquinaria de guerra es más que suficiente para presentarlo como un hecho determinante en la historia del país: la posibilidad no solo de acabar con uno de los principales actores generadores de violencia criminal, sino también de desactivar las causas que de uno u otro modo fueron su combustible.
Lo cual, de no mediar un triunfo del ‘No’, será resultado de una negociación que se llevó a cabo con el mayor rigor, y de ello es prueba, justamente, el texto en cuestión: sólido, que no deja ni un solo cabo suelto y que, entre otros atributos, tiene la virtud de fijar un procedimiento claro y estricto para el tránsito que harán los hombres y mujeres de ‘Timochenko’ de las armas a la política. Es garantía de éxito de este anhelado tránsito. Un camino que ahora se enfila hacia la referida refrendación popular de lo firmado, antes de la cual aparecen en el mapa la décima conferencia de las Farc y la disposición, por la Registraduría, de toda la logística que demanda una cita en las urnas.
Aquí cabe un paréntesis para subrayar la importancia de que quienes hoy enarbolan las banderas de las dos opciones desde ya les dejen claro a los ciudadanos que su compromiso con el ‘Sí’ para unos y con el ‘No’ para otros no terminará el 2 de octubre, fecha planteada esta semana por el presidente Juan Manuel Santos para la realización del plebiscito. Es fundamental, y en esto hay que ser muy claros, que si gana el ‘Sí’ sus promotores deberán involucrarse con la implementación de los acuerdos, mientras que de ganar el ‘No’, quienes harán campaña a favor de esta alternativa tendrán que responder por los efectos prácticos que traería su eventual victoria. A este sector de la ciudadanía también hay que recordarle que carecen de fundamento sus señalamientos de ilegítimo a un mecanismo que si algo tuvo en su concepción y trámite fue justamente un revestimiento de legalidad en el que las tres ramas del poder público aportaron lo suyo.
Dicho lo anterior, hay que ser muy claros en que no basta con pasar por las mencionadas metas volantes para garantizar el éxito de este esfuerzo, no solo de construcción de paz, sino de saldar viejas deudas sociales del Estado, de levantar las bases sólidas de una sociedad más justa. Es fundamental que todos los pasos que restan se den movidos por una auténtica voluntad de consolidar un nuevo pacto social en el que prime el bien común. Deponer la beligerancia, pero también, cuando sea preciso, el retrovisor. Rechazar ánimos de otra índole: individualistas, revanchistas. Con esto queremos decir que lo pactado requiere de una ejecución impecable. En todos los terrenos, desde luego, pero sobre todo en uno que es absolutamente central y en el que se va a jugar el éxito del posconflicto: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Quienes resulten elegidos para hacer parte de esta instancia, desde la cúpula hasta las bases, deben, a partir del primer día, tener claro que de la manera como desempeñen sus funciones depende que el sueño de un país mejor para las generaciones venideras no haga el tránsito a pesadilla. Y es que un escenario de una justicia transicional desbordada, actuando como rueda suelta en el engranaje de la paz, sería un resultado de catástrofe.
Para que algo así no ocurra es necesario que en los desarrollos legislativos que tendrá el acuerdo se tracen límites muy claros en términos de las funciones de cada uno de los actores de la JEP, por un lado. Y en cuanto a esta instancia en general, no debe haber duda respecto a que esta es de carácter transitorio y con un campo de acción claramente delimitado por la confrontación entre el Estado y las Farc.
Por otro lado, urge que no se subestime sino, todo lo contrario, que se le otorgue la debida y necesaria preponderancia al papel que habrá de desempeñar la Rama Judicial en esta fase de la construcción de la paz. Que no se pierda de vista, entre otros aspectos, que sin los insumos que aporte la Fiscalía no será posible ningún avance de la JEP.
Si algo, pues, va a garantizar que las fases del proceso que vienen sean exitosas es que en ellas tengan la participación debida todos los actores de la institucionalidad. No tendría presentación, justo cuando se hace y se reitera la invitación a distintos sectores a subirse al tren de la paz, que este se reserve el derecho de admisión.
Editorial .
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