Incapacidades al orden

Incapacidades al orden

Las EPS quedan obligadas a revisar de manera periódica la evolución de los pacientes incapacitados.

04 de agosto 2018 , 12:00 a.m.

Regular las incapacidades médicas y los procedimientos para su revisión periódica, con el fin de evitar los abusos y darles la verdadera dimensión a estos beneficios, es una medida que se esperaba y que en buena hora el Ministerio de Salud ha decidido poner en práctica.

Con la expedición hace unos días del Decreto 1333, las EPS quedan obligadas a revisar de manera periódica la evolución de los pacientes incapacitados por largo tiempo (más de 540 días) o a calificar en forma definitiva la pérdida de capacidad laboral de los mismos, y, a su vez, a detectar las situaciones irregulares que puedan presentarse en contra de este derecho.

Se sabe que algunas personas que padecen enfermedades comunes se las arreglan para obtener períodos de incapacidad prolongados, durante los cuales, incluso, llegan a desempeñar otro trabajo, en un abierto fraude.

De ahí que la valoración médica, al menos cada dos meses, resulta mandatoria, para determinar con certeza el estado de salud de los pacientes, el potencial de recuperación, los beneficios de los planes de rehabilitación y, en casos extremos, empezar a calificar secuelas en aquellos en los que la pérdida de la capacidad laboral sea permanente.

Se sabe que algunas personas que padecen enfermedades comunes se las arreglan para obtener períodos de incapacidad prolongados, durante los cuales, incluso, llegan a desempeñar otro trabajo.

La nueva norma, además de claridad, también conmina a las EPS a pagar a los cotizantes las incapacidades a partir del día 541, cuando no ha tenido recuperación, a pesar de haber salpicado todos los protocolos y cuando otras enfermedades puedan prolongar el tiempo de recuperación.

Y quizá lo más importante es que inicie los procesos de calificación de invalidez, cuando antes de cumplirse este período los equipos médicos de especialistas determinen que el paciente no va a recuperar su capacidad laboral, por lo que debe iniciar un proceso para determinar su invalidez definitiva, algo que hasta ahora podría dilatarse, incluso, hasta no hacerse.

Buena medida que echa mano de sólidas herramientas técnicas, para espantar a los avivatos, resguardar los recursos de todos y, con transparencia, consolidar otra lista del derecho fundamental a la salud.

editorial@eltiempo.com

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