Hacer algo ya con el SITP

La crisis crónica y estructural que ha padecido desde sus inicios el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) es un asunto de muy graves repercusiones, que no resiste más paños de agua tibia.

Si quedaban dudas respecto a lo serio del problema, estas se disiparon luego de lo ocurrido la mañana del miércoles pasado, cuando miles de desesperados habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar vieron cómo su bus no pasaba debido a la suspensión, por fortuna temporal, de operaciones del concesionario Suma. Esto a raíz de lo difícil que le resultó adquirir en el mercado de los seguros las pólizas de ejecución del contrato, necesarias para prestar el servicio. Fue una advertencia, un toque de alerta que, por cierto, dejó la duda acerca de si la Administración contaba con un plan B. El caso es que Bogotá no se puede dar el lujo de una crisis de mayor envergadura. Más si tenemos en cuenta que los más beneficiados con este sistema son los bogotanos de estratos 1, 2 y 3.

Es verdad que en el momento de repartir responsabilidades, las administraciones de Lucho Garzón, Samuel Moreno –en especial esta, que, presionada por los transportadores en el paro de marzo del 2010, hipotecó no solo el éxito, sino la propia viabilidad del proyecto–, Clara López y Gustavo Petro deben recibir cada una su tajada. El sistema se diseñó a partir de proyecciones inexactas, con unas promesas de rentabilidad escandalosas, con graves fallas en el diseño de las rutas y sin la certeza de que el Distrito iba a poder cumplir con su compromiso de proveer predios para los patios. Así mismo, se ignoraron las advertencias que voces autorizadas hicieron sobre todo este cúmulo de errores. Después vino el problema de los colados, fenómeno frente al cual no se actuó a tiempo, y esta omisión hoy se paga muy caro.
Pero es verdad también que la gente tiene la impresión de que la actitud de la actual administración de Enrique Peñalosa no ha ido mucho más allá de denunciar una y otra vez que estamos ante una “bomba atómica”.

Se sabe que hay negociaciones en curso con los operadores, pero no más. Se han hecho campañas contra los colados, con énfasis en TransMilenio, y se han fijado nuevos plazos para incorporar los buses viejos y chimenea –mal llamados SITP Provisional– al sistema unificado de recaudo. Pero nada de esto es suficiente.

Desconcertados, los usuarios ven más ánimo de tirarse la pelota que de asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde: a Alcaldía y a operadores. Unos siguen con la mirada en el retrovisor, otros se esfuerzan en mostrarse como víctimas de los compromisos asumidos, que en algunos casos incluyen chatarrizar buses de los ‘provisionales’ que siguen rodando y desangrando el sistema.

Ya es hora de desactivar esta bomba, no queda margen para las dilaciones ni las excusas. Urge replantear los contratos. Si es necesario, que se haga borrón y cuenta nueva. Sea cual sea la alternativa, esta vez, a diferencia de la primera, debe primar la noción de que, además de un negocio, este es un servicio público, por lo que lograr un funcionamiento óptimo, respetuoso de la dignidad de los usuarios y sostenible hacia el futuro tiene que ser en todo momento la prioridad.

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