La extensa región amazónica recibió el jueves pasado un espaldarazo jurídico para frenar la deforestación que por años ha venido acabando con el mayor patrimonio ambiental que tiene el país: los bosques.
La Corte Suprema de Justicia falló a favor una tutela que presentaron 25 niños y jóvenes, acompañados por la organización Dejusticia, en defensa de sus derechos, los cuales se ven vulnerados por la persistente degradación del bioma amazónico, lo que agrava la problemática de cambio climático y a su vez pone en peligro la provisión de agua y la regulación del clima en el país.
Este histórico fallo reconoce a la Amazonia como un sujeto de derechos, lo cual permitirá exigir la protección de este ecosistema por sí mismo y no solo en función de si se afecta la vida humana. Ya en el 2017, la Corte Constitucional había otorgado la misma categoría al río Atrato.
Lo que también resulta destacable del fallo es que empieza a reconocer la responsabilidad intergeneracional en la protección del medioambiente, puesto que son las nuevas generaciones las que vivirán los efectos más severos del cambio climático, y por eso depende de la conservación que se haga hoy que la adaptación a estos nuevos escenarios sea posible.
El llamado de la justicia a favor de la Amazonia llega en un momento crítico para esta región. La especulación y el acaparamiento de tierras están restándole miles de hectáreas a la selva a raíz de una sistemática tala por actores privados con el objetivo de expandir la frontera agropecuaria. A ese panorama se suman los cultivos ilícitos, las presiones para explotación de hidrocarburos y la minería ilegal. Según los más recientes datos, la deforestación creció un 44 por ciento en la región, y durante el 2016 se transformaron cerca de 70.000 hectáreas de bosque natural.
Para que la histórica sentencia no sea letra muerta debe haber voluntad política para asignar los recursos que sean necesarios
De ahí que la Corte enfatice en que los esfuerzos del Gobierno son insuficientes, pida que en un plazo de no más de cuatro meses se establezca un proyecto concreto para frenar la deforestación y exija que se revisen los planes de ordenamiento de los municipios y las acciones de las corporaciones autónomas ambientales.
En los últimos años se han consolidado algunas medidas, como la comisión intersectorial, para controlar la deforestación y la sonada iniciativa de Visión Amazonia. Sin embargo, la debilidad de las autoridades locales y los vacíos en la judicialización de las redes ilegales siguen siendo claras falencias.
Por ello, no obstante la evidente relevancia de la sentencia, también se corre el riesgo de que esta se quede en el papel si no hay la voluntad política de asignar los recursos presupuestales necesarios.
Precisamente en las acciones puntuales de regulación e intervención en la Amazonia debe tener influencia el espíritu del fallo. Por ejemplo, como lo anunció el Ministerio de Ambiente, en las próximas semanas se expedirá el decreto que regula la frontera agropecuaria. De instrumentos como ese, que definirá los posibles usos del suelo en la puerta amazónica, depende también que se disminuya la tala ilegal y que efectivamente, este gran ecosistema goce de los derechos otorgados por el innovador e histórico fallo.
EDITORIAL
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