Evitar una grave crisis

Evitar una grave crisis

La Corte Suprema tiene hoy en sus manos la posibilidad de evitar que la justicia caiga en un abismo.

Por: EDITORIAL
22 de enero 2020 , 07:19 p.m.

El año judicial empieza con muchos retos y complejidades. En todos los medios y en estas páginas se escriben a diario los desafíos que enfrenta la justicia en la hora presente.

Y el mayor de ellos, en la coyuntura actual, tiene que ver con la necesidad de acabar con la interinidad reinante en el máximo órgano de la justicia ordinaria y en la Fiscalía.

Es sabido que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia está a punto de desintegrarse. A lo largo de más de un año no ha podido elegir los magistrados que deben asumir las plazas de las salas Civil, Laboral y Penal, lo que necesariamente afecta el buen funcionamiento de la justicia. Tampoco ha elegido el fiscal general de la Nación de la terna que le presentó hace algunos meses el Presidente de la república.

Ha trascendido a la opinión pública que estas elecciones se han vuelto complejas por diferencias en la Corte, que no han podido superarse en un ambiente en el cual prevalezca el interés público, al punto de que el próximo 28 de febrero, con ocasión del cumplimiento del periodo del magistrado Ariel Salazar, no se podrá elegir fiscal ni magistrados por reducirse la cantidad de sus miembros a menos de 16, número mágico previsto en su reglamento para tomar las decisiones más importantes de esa jurisdicción.

Se le acabaron a este alto tribunal los pretextos para no decidir: le corresponde superar el pantano de los conflictos de la política interna

Esto significa que los días están contados para que pueda presentarse en la justicia una profunda crisis institucional que solo los magistrados están en capacidad de resolver, sin que a la fecha se conozca cuál sería el camino que podría tomar el país para resolver tamaño enredo, a menos que los propios togados acepten que sea el Ejecutivo, a través de normas de excepción, el que pueda entrar a la residencia del poder jurisdiccional para superar la crisis, lo que no es de amplio recibo entre los juristas ni tampoco despierta la simpatía ciudadana en una democracia de poderes autónomos.

Ante el riesgo de que se disolviera anticipadamente la Sala Plena de la Corte con ocasión de la renuncia del magistrado Ariel Salazar, se ha sabido que él ha tomado la decisión de continuar en su cargo hasta finales de febrero con el fin de propiciar las condiciones suficientes para que la Corte Suprema de Justicia pueda ella misma, sin asistencia externa, resolver los problemas que podría generar la interinidad descrita, de gravísimas consecuencias y sin antecedentes en la historia judicial del país.

Es decir, se le acabaron los pretextos a la Corte para no decidir. Sus magistrados deben ser conscientes de que, más allá de las pequeñeces de la política interna, tienen un amplio y profundo compromiso con el Estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La sala plena está citada para este jueves. Colombia guarda la esperanza de que al término de esta sesión podamos los ciudadanos tener la certeza de que por determinación de la Corte no continuarán acéfalas la Fiscalía ni esa jurisdicción.

Para ser claros: sería muy grave que los magistrados no concurrieran a su reunión con la convicción de que poseen un derecho de voto, sino de veto, en el mejor interés de la república.

editorial@eltiempo.com

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