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Evasión y austeridad

Evasión y austeridad

Más eficiencia en gasto público y la lucha contra los evasores, ejes claves en la nueva tributaria.

Ya comenzó en el Congreso de la República el trámite para la discusión de la reforma tributaria 2.0, llamada ‘Ley de inversión social’. Esta iniciativa legislativa, radicada el pasado 20 de julio en la instalación oficial de las sesiones parlamentarias, fue el producto del consenso político liderado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y busca recaudar alrededor de 15,2 billones de pesos.

De ser aprobado el texto como lo presentó el Gobierno, la mayor parte de estos recursos –aproximadamente 10,5 billones de pesos o el 69 por ciento– vendría de los bolsillos de los empresarios grandes, medianos y pequeños. Además, el proyecto contempla la extensión del programa Ingreso Solidario, ayudas de nómina para pymes, matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, así como incentivos para la generación de empleo para jóvenes, entre otros puntos.

Un segundo frente de recaudo de este segundo intento de ajuste fiscal incluye los planes de austeridad en el gasto público y de lucha contra los evasores de impuestos. Mientras con el apretón de cinturón en el Estado la iniciativa aspira a recoger 1,7 billones de pesos, la estrategia contra la evasión les apunta a unos 2,7 billones de pesos. En otras palabras, alrededor de un 30 por ciento del recaudo total de la reforma tributaria.

En el caso de los planes de recorte, el Gobierno Nacional enfrenta el dilema de reducir gasto en un momento de crisis en el que crecen las demandas para la intervención pública. La proyección de la austeridad que trae la iniciativa muestra unos ahorros pequeños al principio –650.000 millones de pesos en 2022– que van aumentando progresivamente con los años hasta el 2032.

La rápida implementación de los planes de austeridad y el freno a la evasión son esenciales en la sostenibilidad fiscal de los próximos años

Las reducciones esperadas provendrían de decisiones de reducción de personal, 50 por ciento de gasto en viáticos y papelería, racionalización de los esquemas de seguridad, más control en eventos, arrendamientos y viajes y reducción de los contratos de prestación de servicios. La meta que propone el Gobierno en el proyecto de ley es ambiciosa ante las dificultades propias de un aparato estatal como el colombiano para hacer más eficiente el gasto público.

Por el lado de la evasión de impuestos, las apuestas se concentran en fortalecer instrumentos que ya la Dian viene implementando, como la fiscalización internacional y el control de deducciones y descuentos. El articulado incluye medidas antievasores como la transformación de la factura electrónica, expedición de RUT a los evasores y un sistema de información georreferenciada para la venta de los inmuebles.

Al igual que el plan de austeridad, la meta de 2,7 billones de pesos es un reto para la administración de impuestos, que demanda prioridad y focalización en las medidas.
Ante el importante aporte de los empresarios para el financiamiento de buena parte de esta reforma, cuya aprobación es necesaria para la economía y la reactivación, las estrategias de austeridad en el gasto y de lucha contra la evasión constituyen la mejor contraparte del Estado. Su diseño e implementación rápida son también cruciales en el esfuerzo general de sostenibilidad fiscal para los años venideros.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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