Estar del lado de la ley

Estar del lado de la ley

Frente al crimen organizado las comunidades deben rechazarlo y apoyar la respuesta estatal.

Por: Editorial
23 de octubre 2018 , 10:27 p.m.

Detrás de las asonadas de este fin de semana en el Cauca, donde dos comunidades literalmente secuestraron a miembros de la Fuerza Pública y la Fiscalía que cumplían con su deber de combatir el narcotráfico y los grupos violentos, hay una compleja realidad que le muestra al país cómo el imperio del Estado en todo el territorio nacional sigue siendo una tarea que está lejos de haberse completado.

En el municipio de Argelia, decenas de pobladores, algunos de ellos miembros de comunidades indígenas, impidieron la incautación de 500 kilos de cocaína en un lamentable episodio que finalizó, poco después, con el trágico accidente de la nave que había sido asignada a la operación. Cuatro militares entregaron su vida luchando contra el narcotráfico, el mismo negocio sangriento cuyos intereses fueron defendidos por esos pobladores en abierta contravía de la ley. Apenas horas después, en Patía, también en el Cauca, otra turba impidió la captura de un avezado delincuente, Didier Calvache Gutiérrez, alias Conejo, reconocido en esa zona como uno de los jefes de finanzas del Eln.

Con acierto, el Fiscal General y el ministro de Defensa han anunciado que la justicia perseguirá a quienes participaron en esas acciones, que algunos han pretendido justificar como expresiones de protesta social ante incumplimientos históricos del Estado y el lento despegue de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Frente al narcotráfico y
el crimen organizado no hay disyuntiva: hay que rechazarlos y apoyar la respuesta estatal

No hay que llamarse a engaños. Nada justifica actuar en contra de la ley, y menos forzar situaciones como las que derivaron en el accidente del helicóptero y la muerte de los miembros del Ejército. Quienes protegen intereses delictivos –sean estos del Eln, las bandas criminales, las disidencias o el cartel de Sinaloa– deben saber que encontrarán la adecuada respuesta del Estado y el aparato judicial.

Desafortunadamente, el país completa ya varios lustros en medio de una peligrosa tendencia que ha llevado a algunos sectores a considerar algo normal la protesta violenta, lo que incluye agredir físicamente a los miembros de la Fuerza Pública y otros representantes de la autoridad, situación que en otras latitudes tiene, por cierto, durísimas sanciones penales. Nada justifica actos vandálicos como los que empañaron las recientes marchas estudiantiles en Bogotá y Cali, ni los llamados bloqueos sociales con los que comunidades cocaleras suelen frenar las operaciones de erradicación manual de narcocultivos.

En este tema, como en tantos otros, se requieren correctivos que hagan mucho más gravoso el castigo de quienes así operan. Pero también es necesario que las mismas comunidades, los ciudadanos y, en el caso del Cauca, las autoridades indígenas hagan una profunda reflexión sobre los resultados de este tipo de conductas. Frente al narcotráfico y el crimen organizado no hay disyuntiva: lo que procede es rechazarlos de plano y apoyar la legítima acción del Estado en contra del crimen.

Cualquier dubitación a ese respecto les abre las puertas al imperio criminal y a la victimización y manipulación de las comunidades que, por una u otra razón, se dejan conquistar por los cantos de sirena de los ilegales.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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