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Entre avances y desafíos

Entre avances y desafíos

Cinco años después, el reto es perseverar en implementar el acuerdo y que haya justicia.

Con la visita del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se conmemoró esta semana el primer lustro del acuerdo del Teatro Colón, entre el Estado colombiano y las Farc. Guterres se fue del país dejando un mensaje alentador: “Colombia es hoy un símbolo de paz para el mundo”, declaró en entrevista exclusiva a este diario.

Este fue un acuerdo que en su momento atrajo las miradas y aplausos de varias partes del planeta, pero al mismo tiempo fue motivo de una profunda polarización interna, la cual tuvo como su punto más álgido el triunfo del No en el plebiscito. Con todo, desde el primer día estuvo claro que esta firma era, ante todo, un primer paso. Que mucho más compleja que el mismo pacto iba a ser su implementación. Los hechos así lo han confirmado.

Y es que, a diferencia de otras desmovilizaciones de grupos armados en el país, el acuerdo con las Farc incluye una hoja de ruta pensada para una transformación profunda y pasar la página de un largo conflicto que dejó más de 260.000 víctimas y cerca de siete millones de personas desplazadas. Otro elemento diferenciador fue el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Arquitectura jurídica que promete poner a las víctimas en el centro de la construcción de paz, con la promesa de aportarles la verdad que necesitan para sanar sus heridas.

Hoy se constatan avances meritorios y asuntos que merecen atención urgente. Todo en un contexto en el que, como el propio Guterres lo describió, el consenso sobre el deber de seguir adelante con la implementación, más allá de los tropiezos y las demoras, parece ser lo suficientemente robusto.

En materia de logros hay que comenzar por el hecho de que el porcentaje de exintegrantes de las Farc que han retomado las armas es muy bajo: el 95 por ciento sigue comprometido con el proceso. También hay que referirse a lo que viene ocurriendo con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), liderados por la administración del presidente Iván Duque. Zonas que fueron escenario del conflicto y donde ya son más de tres mil los proyectos productivos en marcha. Lo que se ha hecho en estos sitios con los excombatientes es reconocido por propios y extraños como muy positivo. Y hay que mencionar que en la tarea de reconstruir la historia, la Comisión de la Verdad ha escuchado a más de 26.000 personas y ha hablado con todos los expresidentes.

En lo que tiene que ver con la justicia, la JEP dio este año pasos claves en el marco de los primeros macrocasos abiertos. En ese camino introdujo elementos novedosos como el hecho de que se haya acusado a las Farc de esclavitud, debido al trato denigrante que les dieron a quienes ellos secuestraron. Por otro lado, los infames ‘falsos positivos’ también son objeto de un macrocaso que ya registra avances. No obstante, cinco años después de la firma, el país aún no conoce la primera sanción privativa de la libertad contra un miembro de las Farc. Acelerar el paso de la justicia transicional es un imperativo y una obligación con las víctimas.

A las nuevas generaciones hay que preservarles el derecho a crecer con la ilusión de que hay un proyecto en curso cuyo éxito puede contribuir a un país mejor del que habitaron sus padres y abuelos

Otro gran desafío es el asesinato de excombatientes. Ya son casi 300, dura realidad que no admite matices. Una amenaza ligada al hecho de que el Estado no pudo llenar el vacío que dejaron las Farc en zonas donde tuvieron presencia militar y control social. Territorios caracterizados por la prevalencia de economías ilícitas, en los que hoy los excombatientes y civiles, y especialmente los líderes sociales, están en medio del fuego cruzado de grupos armados. Allí el medioambiente también es víctima: la deforestación en zonas bajo control de las disidencias es un tema frente al cual urge una acción estatal mucho más efectiva.

No obstante lo anterior, el llamado tiene que ser a perseverar. Y a las buenas intenciones hay que sumarles los medios para concretarlas: mantener la financiación para los proyectos de excombatientes y para el funcionamiento de la justicia transicional. Es necesario que entre los candidatos a la presidencia exista consenso al respecto. Desde luego, este apoyo implica para la JEP, sobre todo, el compromiso de ofrecer resultados concretos: condenas, sí, pero también verdad para las víctimas; y para las Farc, revelar información todavía pendiente sobre temas como las fortunas obtenidas ilegalmente y su participación en el narcotráfico, que el país desde diversas orillas les exige con razón. Y dejar de lado la inaceptable arrogancia, como la demostrada por ‘Rodrigo Granda’ esta semana cuando afirmó que los secuestrados “trabajaban cuando estaban aburridos, no por obligación”.

Hay que valorar lo alcanzado en la implementación. No ha sido poco lo hecho por este gobierno, es justo decirlo, y no desfallecer frente a los retos pendientes. El país tiene que avanzar en esa senda. Es un deber moral con las nuevas generaciones. A ellas hay que preservarles el derecho a crecer con la ilusión de que hay un proyecto en curso cuyo éxito puede contribuir a un país mejor del que habitaron sus padres y abuelos.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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