Es cierto que buena parte del país anhela que el proceso de paz con el Eln no se interrumpa con motivo del cambio de gobierno y llegue, por fin, a buen puerto. Pero es verdad, así mismo, que los hechos recientes protagonizados por esta guerrilla están lejos de fortalecer ese hilo de esperanza.
El presidente Iván Duque anunció una evaluación “responsable, prudente y completa” de lo hasta ahora avanzado entre Quito y La Habana, recurriendo para ello a los países acompañantes del proceso, a las Naciones Unidas y a la Iglesia católica –sectores de la sociedad civil también han pedido ser escuchados–. Esta tardará 30 días.
Poco después hubo otro pronunciamiento del primer mandatario: esta vez, en forma de ultimátum: Duque exigió –con toda la razón– que esta organización tenía que liberar a todos los secuestrados en su poder, sin condicionamientos y como requisito para volver a verse en la mesa. Y la semana pasada se conoció una prueba de supervivencia del gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, Leonardo Ataya. Es una imagen que para muchos significó revivir viejos y traumáticos tiempos en los que los grupos armados chantajeaban a la sociedad valiéndose de estas herramientas. El Presidente dijo además que no va a aceptar que se intimide con el secuestro o se convierta en una herramienta para chantajear al Estado.
Hay que condenar que esa guerrilla haya optado por el camino que más la aleja de la paz y más repudio le garantiza: el abominable secuestro
Es lo correcto. Y es que en lugar de demostraciones de voluntad de paz, en las últimas semanas el Eln ha recurrido al abominable delito como parte de la que sería, para algunos conocedores, una estrategia para fortalecerse en la mesa. En total, siete militares y dos civiles fueron plagiados en acciones registradas en Chocó y Arauca.
A la indignación por el uso del secuestro como carta se suma la que ayer produjo el informe de este diario sobre la manera como la Fiscalía General de la Nación ha venido documentando la política de reclutamiento de menores de edad por los hombres de ‘Gabino’. Una conducta vil que, según la evidencia, no se ha detenido, habría afectado a 121 niños y niñas, y por la que se alistan órdenes de captura contra los cinco integrantes del Comando Central y once comandantes de diferentes frentes.
Hay que recordar lo decisiva que fue para el proceso de paz con las Farc la determinación de esta organización de renunciar al secuestro y la extorsión como gesto de paz. Hay que valorar que el nuevo gobierno, en lugar de barajar de nuevo y, en el peor de los casos, ordenar levantarse de la mesa, haya dado un margen de espera. Pero es necesario condenar que el Eln haya optado por el camino que más lo aleja de la paz y más repudio le garantiza entre la inmensa mayoría de los colombianos, que, por supuesto, abominan el secuestro.
La única buena noticia es que resta un margen de tiempo. Tal vez baste un solo gesto, pero contundente, para que el Gobierno y la opinión entiendan que esta guerrilla sí está interesada en dejar la lucha armada. De lo contrario, sus integrantes deben saber que el Estado escribirá una nueva –y seguramente exitosa– página en la ya larga historia de despliegues de su fuerza legítima para neutralizar a quienes lo desafían desde la ilegalidad.
EDITORIAL
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