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El vaivén del POT

El vaivén del POT

Tres gobiernos consecutivos han visto cómo sus POT dejan el futuro de Bogotá en ascuas.

La suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por orden del Juzgado Quinto de Bogotá, es una nueva estocada al futuro de la ciudad. Por tercera vez consecutiva, esta, la carta de navegación para ordenar el territorio en los próximos 14 años, queda en suspenso. Ya había pasado en el gobierno del exalcalde y hoy presidente electo Gustavo Petro, cuando el Consejo de Estado revocó su POT por sancionarlo a pesar de que el Concejo se declaró en contra. En la más reciente administración Peñalosa, el mismo Concejo decidió hundirlo en medio de aplausos como los de la alcaldesa Claudia López, quien acaba de recibir el mismo golpe.

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En esta ocasión, el organismo judicial alega que la suspensión del POT, que ella expidió por decreto luego de que el Cabildo no lo votó por haberse vencido el tiempo legal para su aprobación, debe ser revisada para determinar si López estaba facultada para tomar dicha decisión. La demanda fue interpuesta por el exsecretario de Gobierno Miguel Uribe, hoy senador electo. Según su tesis, la cascada de recusaciones e impedimentos que utilizó el Concejo para entorpecer los debates hizo que los tiempos variaran y que, en consecuencia, al proyecto le quedaran 48 días de discusión, pues no podían contarse las jornadas de deliberación ajenas al mismo POT.

Más allá de las marrullas políticas del Concejo o la cuestionada expedición por decreto, preocupa que la ciudad más importante del país, principal generadora de riqueza, empleo e inversión, quede en ascuas por falta de una norma clave. Bogotá vuelve a regirse con los cánones obsoletos del plan expedido hace más de 20 años, lo que se traduce en décadas de retraso en materia urbanística, desarrollo de nuevas potencialidades locales y reglas de juego acordes con lo que demanda un mundo gobernado por ciudades.

Más que una norma diseñada para generar nuevas formas de convivencia, se ha convertido en un instrumento de puja de poderes.

Los tres POT que se han frustrado para Bogotá evidencian que en el fondo ha primado más la estrategia política que una estrategia de ciudad. Más que una norma diseñada para generar nuevas formas de convivencia en el territorio, se ha convertido en un instrumento de puja de poderes y de defensa de intereses de todo tipo. Esa mirada cortoplacista se traduce en incertidumbre y no deja ver el enorme perjuicio que se comete contra la capital.

Como se comentó aquí mismo, el POT de López no es perfecto. Muchas son las críticas que se le han hecho a la norma, como haber eliminado la prolongación de la ALO norte. Pero es rescatable el énfasis que pone en áreas de vital importancia como el respeto por la estructura ecológica principal o la inclusión de nuevos sistemas de movilidad.

Sea cual sea la suerte del POT –cuya suspensión ha sido apelada–, es necesario preguntar si, como sugiere ProBogotá o la misma oficina jurídica de la Alcaldía, es hora de revisar la ley que dio vida a los POT para garantizar más tiempo de debate, reglas claras, eliminar engorrosos trámites y consultas, darles más peso a las veedurías ciudadanas y evitar que los planes se conviertan en sellos de un mandatario y no en documentos técnicos de amplio consenso, etc.

Muchos se regocijan con lo que ha pasado, pero, aunque les asista algo de razón, es innegable que por ahora ha vuelto a perder la ciudad.

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