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El último empujón

Hay razones para creer que un acuerdo entre las partes puede frenar el desangre del SITP. 

Editorial .
Es el embrollo más grande en el que ha estado sumida la capital en los últimos años. El que mayores recursos está demandando del Distrito para evitar su parálisis definitiva (700.000 millones de pesos al año). El mismo que durante la administración del Polo se ofreció como la panacea para el problema de movilidad en Bogotá (guerra del centavo y organización de rutas, entre otros) y hoy es un dolor de cabeza permanente para operadores, gobierno y usuarios. Hablamos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que surgió tras negociaciones con grandes y pequeños transportadores que gobernaban ese caótico mundo hace una década.
Pese a las múltiples advertencias que se hicieron en su momento, las partes llegaron a un acuerdo en el que se ofreció más de lo que se podía y se pidió más de lo conveniente. Y vinieron las consecuencias: rutas mal diseñadas, caída en la demanda de pasajeros, un remedo de remodelación de flota de buses, costos operacionales desorbitados, demoras en la construcción de patio-talleres y una concesión a 20 años con rentas fijas que no resisten ninguna proyección económica. El proceso de chatarrización quedó paralizado y los buses que se integraron al nuevo esquema ni siquiera pueden controlar a los colados.
Producto de todo esto, dos empresas terminaron quebradas; una más amenaza con correr la misma suerte, en perjuicio de miles de usuarios, y un SITP provisional que es un esperpento. Adicionalmente, el parque automotor del SITP se ha reducido en 9 por ciento entre 2016 y 2018; es decir, han dejado de circular 727 vehículos y el número de pasajeros también cayó un 9 por ciento. Una verdadera ‘bomba atómica’ –como la ha definido el alcalde Peñalosa– con grave riesgo para las finanzas de Bogotá y la calidad del servicio.

Salvar el SITP de los errores políticos del pasado es un deber y una obligación con los usuarios, que no tienen por qué pagar los platos rotos.

No obstante, desde hace varios meses, los involucrados en el tema se han venido reuniendo para hallar una solución a este galimatías heredado por sucesivas administraciones. Que no puede ser otra que la reestructuración de los contratos, pues hablamos de un sistema que hace parte del engranaje de TransMilenio, cubre amplios sectores populares de Bogotá a través de 275 rutas y moviliza 1,6 millones de pasajeros al año, el 16 por ciento del total.
Por eso es importante que llegue una solución pronta, entre otras, para no dejarle semejante papa caliente al nuevo gobierno. Por lo que se sabe, hay avances en la concertación de un otrosí a los contratos de marras que facilitarían el acceso a nuevos recursos y la modificación de estos. Para ello, las partes tendrán que apelar a la sensatez y ceder hasta donde sea posible o el escenario será aún más incierto.
Salvar el SITP de los errores políticos del pasado es un deber y una obligación con los usuarios, que no tienen por qué pagar los platos rotos. Hace falta un último y decisivo empujón de la Procuraduría para cauterizar el problema. Aplazarlo sería alargar su agonía.
editorial@eltiempo.com
Editorial .
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