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El Pacífico nariñense

El Pacífico nariñense

La violencia que traen los cultivos ilícitos debe enfrentarse con acciones en todos los frentes.

Lo que por estos días ocurre en el Pacífico nariñense no puede pasarse por alto y exige una mirada que reconozca lo complejo del desafío. Es muy doloroso lo que allí sucede para los habitantes de la zona. Son muchos los factores en juego, de ahí que lo que se haga para que la situación mejore no puede limitarse a una sola fórmula.

Por un lado está la proliferación de cultivos ilícitos como resultado, según lo han planteado las autoridades, de la sentencia de tutela de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto que ordenó la suspensión de la erradicación forzada en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados de aquella zona.

En torno a estas plantaciones y a la cadena de producción de la coca se han fortalecido dos grupos armados: las disidencias de las Farc, representadas por el frente ‘Óliver Sinisterra’, y las guerrillas unidas del Pacífico y la denominada ‘Segunda Marquetalia’. Ambas organizaciones libran hoy una sangrienta disputa. Guerra que ha hecho de la vida en esa región un verdadero infierno para la gente, incluso en el mismo Tumaco, donde sus pobladores hablan de fronteras invisibles y zonas vedadas. Reclutamiento forzado, extorsión y permanente amedrentamiento a la población marcan la dura cotidianidad de quienes habitan esta parte del país. En zonas críticas como el Triángulo de Telembí, la intensidad de la confrontación ocasionó el desplazamiento de más de 12.000 personas.

La zona es un infierno para
la gente. En Tumaco, sus pobladores hablan de fronteras invisibles y zonas vedadas.

La decisión del Tribunal ha impedido, según el ministro de defensa, Diego Molano, que en diez municipios se pueda llevar a cabo la erradicación manual. Este obstáculo que ha generado incentivos para que los criminales se fortalezcan con hombres provenientes de otras regiones es, a la luz del Gobierno, un asunto que involucra, incluso, la seguridad nacional. Este es uno entre varios casos en los que una decisión judicial que pretende, con razón seguramente, amparar unos derechos de un sector de la población termina teniendo consecuencias que por momentos inclinan más la balanza en contra del interés general.

Las comunidades, por su parte, se quejan de demoras en los pagos prometidos a las 17.235 familias que han accedido a erradicar sus cultivos ilegales; solo 1.035 han recibido el dinero prometido. Añaden un argumento que es común a todas las regiones del país que hoy padecen el auge de estas plantaciones: falta de vías e infraestructura para comercializar productos legales, como el cacao o el aguacate.

Así mismo, ante la imposibilidad de erradicar, las autoridades han optado por un camino que, paradójicamente, es el que muchos expertos recomiendan por su efectividad: el de atacar otros eslabones, como los insumos o los capitales para la compra de la hoja y de la base de coca. Esta estrategia debe mantenerse aun en caso de que regrese la erradicación.

En suma, el principal desafío está, como ya se decía, en entender que si bien es urgente y necesario disminuir las hectáreas sembradas con coca, el éxito de esta tarea está irremediablemente atado a los logros que se consigan en el frente social. Ese que permite poner a la gente del lado del Estado. Llevarlo a cabo en Nariño es un paso fundamental.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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