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El nuevo fiscal general

Debe estar por encima de la política y concentrarse en atar muchos cabos sueltos.

Editorial .
En medio de una coyuntura compleja, los dos principales cargos de la Rama Judicial pronto estrenarán titulares. Toda la atención gira hoy en torno al sucesor de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía General de la Nación, pero no se puede pasar por alto que quien finalmente sea elegido deberá trabajar con la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, para lidiar con los males que nos han aquejado desde hace años y solo han recibido paños de agua tibia. Articular estrategias para evitar la reincidencia en el delito y enfrentar de manera más racional el hacinamiento carcelario y en las unidades de detención son algunos de esos ‘chicharrones’ compartidos.
Dicho lo anterior, corresponde referirse al proceso de elección de fiscal general. Hay que ser claros en que estamos ante una oportunidad que no se puede dejar pasar para ayudar a atenuar la polarización que aqueja al país. Todos los pasos para este propósito deben darse con este objetivo en mente. Si así se procede, será mucho más factible que quien resulte elegido ejerza el cargo sin alimentar aún más este preocupante fenómeno.
Muy pronto se conocerá la terna de aspirantes. Este es el primer paso, y debe darse con pie derecho: quienes la integren no solo tienen que estar lejos de dogmatismos y posturas extremas e intransigentes, sino también estar blindados de cualquier cuestionamiento por impedimentos. El Ejecutivo tiene que haber aprendido ya la lección tras los tumbos que dio en la elección de fiscal ‘ad hoc’ para el caso Odebrecht. Sería no solo innecesaria, sino muy perjudicial, una polémica generada por algún eventual cuestionamiento que se le haga a la terna. Dicho de otro modo, actualmente no hay margen de error.
El siguiente paso, la elección, también exige ser asumido con pleno sentido de responsabilidad por los magistrados de la Corte Suprema. Aportaría mucho que las audiencias y los parámetros sean públicos.
Y es que con seis de sus 23 plazas vacantes, tras la mencionada salida de Margarita Cabello Blanco, la mayoría calificada que requiere esta votación –17 votos– adquiere visos de unanimidad. Como están hoy las cosas, el candidato ganador necesita obtener el respaldo de la totalidad de los togados que hoy conforman el alto tribunal. Situación que alimenta temores sobre el riesgo de que el trámite entre en un pantano, como algunos ya vistos en el pasado o como los que se han observado en el mismo cuerpo con la escogencia de los llamados a llenar las vacantes. No es este, reiteramos, un escenario deseable, pues sí que aportaría al actual clima de incertidumbre con visos de inestabilidad institucional. Elegir prontamente fiscal es el aporte que se espera de quienes hoy integran la Corte Suprema para avanzar hacia días mejores.
Esto en lo que concierne a los togados. Generar consensos básicos, confianza en las distintas orillas y obrar de tal forma que no quede duda sobre su compromiso con la transparencia y la eficiencia es lo que se le debe pedir a quien será el noveno, o la novena, fiscal general de la nación.
Es fundamental, así mismo, que desempeñe sus labores ajeno por completo al tejemaneje cotidiano y la milimetría de la política. Se espera que sea un administrador ejemplar de una entidad que presta servicios vitales para la legitimidad de la justicia y, de paso, de todo el Estado. Conviene, además, que no arrastre conflictos de interés que causen suspicacias innecesarias. Que se centre más en resultados concretos que en anuncios que creen una expectativa con efecto bumerán para la imagen del ente acusador.
Sobra decirlo, si algo asoma en el panorama para esta rama del poder en este preciso momento de la historia son desafíos, y cada uno a cual más de complejo y crítico. Son muchos los cabos que quedan por atar que causan expectativa y comprensible ansiedad en la opinión: los grandes casos de corrupción, comenzando por el de Odebrecht; la tarea de lograr armonizar el trabajo del ente acusador con el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y establecer quiénes están detrás de las muertes de líderes sociales en el país, campo en el que hay avances meritorios, toda vez que en un 60 por ciento de los casos se ha dado con el autor material, pero reiteramos, hace falta, que quienes ordenan los asesinatos sean llevados ante la justicia. A esta lista debe añadirse el encontrar la manera de frenar el auge reciente en todo el país de dos delitos en particular, ambos de enorme impacto en la criminalidad urbana: el hurto y el narcotráfico.
Un camino así de empinado no debería tener desde el primer segundo vientos cruzados. El llamado desde ya, a falta de que se sepa quién será el o la elegida, es a que logre contar con un margen inicial de confianza para que pueda demostrar su talante.
EDITORIAL
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Editorial .
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