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El ‘modus operandi’

El ‘modus operandi’

El caso de Centros Poblados deja ver una organización ilegal para quedarse con las licitaciones.

Desde el momento mismo en que estalló el escándalo por la aparición de presuntas garantías falsas en el contrato, por 1,07 billones de pesos, entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Mintic, EL TIEMPO advirtió de la existencia una ‘cantera’ de documentos falsos que vienen siendo usados para obtener millonarias licitaciones públicas de manera tramposa.

La denuncia de la Unidad Investigativa de este diario la confirmó la propia Fiscalía, que asegura que ya encontraron más contratos en los que se usaron cupos de endeudamiento y otras certificaciones falaces. Además, en estos hechos de corrupción saltan a escena personajes como Emilio Tapia, el cerebro del saqueo de las arcas de Bogotá a través del llamado ‘carrusel’ de la contratación.

El andamiaje descubierto permite afirmar que hay un claro ‘modus operandi’ que viene ejecutando una red de seudocontratistas estatales. Se camuflan en compañías constructoras y de tecnología para quedarse con importantes obras públicas y servicios, como el de conectividad.

Además de un accionar al margen de la ley, este nuevo episodio –cuyas víctimas son cientos de niños de escuelas rurales en 15 departamentos, sin internet– pone de nuevo en evidencia fisuras en la contratación pública por donde se siguen colando actores ilegales.

La propia exministra Karen Abudinen, antes de renunciar a la cartera a raíz de este caso, aseguró que se aplicó la Ley 80 y que a pesar de las dudas en torno a algunas empresas, estas cumplían los requisitos previstos. Por eso, más allá de las acciones penales, es urgente que se entre a revisar las debilidades de esos millonarios procesos licitatorios e invitaciones públicas.

Avanza una iniciativa para habilitar una plataforma en la que los propios bancos y aseguradoras registren las garantías o pólizas (según el caso) que se expidan para contratos estatales. Ya está visto que la buena fe y los controles que habilitan las entidades públicas son burlados.

El avance con los llamados pliegos tipo es un buen primer paso. Sin embargo, se necesitan nuevos controles para atajar a los corruptos

Pero es claro que no es suficiente y se deben buscar mecanismos para que los condenados por actos de corrupción no compren y se traspasen compañías para dirigir licitaciones, con la complicidad de políticos de los órdenes local y nacional. Es indignante que los mismos personajes que en el pasado saquearon las arcas de Bogotá vuelvan a aparecer detrás de contratos de esta magnitud, sin que las autoridades lo hubieran notado a tiempo.

El avance con los llamados pliegos tipo es un buen primer paso. Sin embargo, se requieren nuevos controles para atajar a los corruptos, y más ahora en el preámbulo de las elecciones del próximo año, cuando se abren riesgos adicionales para el erario.

También es necesario llegar hasta las cabezas de estas organizaciones ilegales y a sus cómplices en entidades públicas, y no quedarse en mandos medios o en preacuerdos de culpabilidad con profesionales del delito que, dentro de unos años, pueden volver a aparecer.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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