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El interés general

El interés general

El llamado es a tener claro el límite entre el ejercicio de derechos y la seria afectación de otros.

Luego de varias semanas en las que la agitación social del mes de mayo en el país fue dando paso al regreso de la normalidad que permite la pandemia de covid-19, las movilizaciones programadas para hoy, 20 de julio, vuelven a generar algo de ansiedad e incertidumbre entre la ciudadanía.

De diversas maneras, las autoridades han prendido las alarmas sobre los que serían los planes de grupos armados para infiltrar las marchas y concentraciones y propiciar actos delictivos. Se ha advertido que organizaciones como la denominada ‘Primera línea’ estarían hoy en las calles mostrando una actitud abiertamente confrontacional y belicosa, movidas por el propósito de provocar la reacción de la Fuerza Pública.

Resultado de estos anuncios es la decisión inédita de llevar a cabo la instalación de las sesiones del Congreso a las 8 de la mañana, en lugar del tradicional horario de las 3 de la tarde.

Lo cierto es que todo este clima se alimenta del recuerdo de lo sucedido dentro del paro nacional en términos de daños a la propiedad pública y privada y afectación seria de derechos de la mayoría, a través de bloqueos que causaron tragedias como los dos casos de bebés fallecidos en ambulancias que no pudieron llegar a su destino debido a las barricadas.

A las autoridades les corresponde darle a la protesta pacífica todas las garantías, y a la criminalidad, una respuesta firme, dentro de la ley

Este antecedente da pie a un nuevo contexto que reformula obligaciones. Ya debe ser claro que quienes salen a las calles a expresar su descontento, acto legítimo y componente esencial de cualquier democracia, no pueden llevar la situación al extremo de que su inconformidad sea factor que genere serios traumatismos, cuyo costo terminan asumiendo en mayor medida los sectores sociales más vulnerables. De ahí que sean válidos, legítimos y necesarios los anuncios de las autoridades de proceder contra quienes crucen el límite entre el derecho a la protesta y las conductas proscritas por el Código Penal. La sensatez tiene que primar.

Los sindicatos, agremiaciones y colectivos que han convocado los eventos de hoy han hecho un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas, y en ese contexto no sobra reiterar los mensajes públicos en contra de toda conducta ilegal que desvirtúa los reclamos democráticos.

A la Policía y, en su medida, a las autoridades civiles les corresponde darle a cada situación que se presente el trato debido: a la protesta pacífica, todas las garantías, y a la criminalidad, la respuesta que según cada caso proceda, lo que incluye la debida judicialización de quienes sean señalados de cometer delitos, siempre bajo el más estricto respeto de los derechos fundamentales de las personas, incluido el del debido proceso. Atañe también a la Policía esforzarse a fondo –como lo ha venido haciendo– para efectuar tareas de prevención y disuasión, siempre preferibles a las de contención o represión.

Se trata de garantizar la primacía del interés general, sin que este esfuerzo implique desconocer los preceptos constitucionales. La búsqueda de diálogo y consensos debe ser un propósito permanente de nuestra sociedad. Y la mejor manera de dejar en evidencia a quienes le apuestan al caos pasa por construir confianza con un ejercicio firme pero siempre sensato de la autoridad.

EDITORIAL
​editorial@eltiempo.com

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