El futuro de las cárceles

El futuro de las cárceles

La corrupción en el sistema penitenciario hace urgente una reforma estructural.

Por: Editorial
02 de febrero 2019 , 11:27 p.m.

Fue una de esas noticias que deben leerse dos veces, además de constatar en más de una ocasión su origen para confirmar que no se trata de una pieza satírica. El director de la cárcel Modelo de la capital de la república, César Augusto Ceballos, pasó esta semana a estar tras la rejas, cuyas llaves tenía, acusado de actos de corrupción.

Y no es la primera vez que se registra un hecho de este corte. Ya en septiembre del año pasado, el mayor del Inpec Luis Fernando Perdomo, entonces director de la cárcel La Picota de Bogotá, también pasó a estar del otro lado de las rejas luego de intentar extorsionar, al parecer, a un interno del pabellón de alta seguridad. Y tampoco hace mucho tiempo, en abril del 2018, dos internos de la cárcel La Picota de Bogotá salieron a comprar más licor con motivo de una fiesta, pero nunca volvieron. Son registros que producen dolor y algo de risa, pero sobre todo desazón. Reacción comparable a la que produjo en muchos colombianos un episodio similar: la captura del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, acusado justamente de cometer delitos de corrupción.

El caso es que a Ceballos se lo acusa de estar al tanto y beneficiarse de cobros irregulares a los internos a cambio de ingresar licor y drogas, así como de permitir visitas íntimas en horarios distintos de los establecidos. Según reveló el fiscal del caso, las tarifas eran de 2 millones de pesos para ingresar una botella de whisky, de 500.000 por una libra de droga y de 3 millones por garantizar la ubicación del detenido en un patio con mejores condiciones de reclusión.

La detención de Ceballos se suma a la de otros 120 funcionarios del Inpec en los últimos dos años. Noventa guardianes, 23 auxiliares y siete del área administrativa han sido puestos a buen recaudo, acusados de delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y cohecho.

Sin duda, esta crisis se suma a la que vive el sistema penitenciario colombiano desde hace décadas. Por más esfuerzos y reformas, el hacinamiento en nuestros penales sigue siendo la norma. El año pasado fue de 53 por ciento. Como se ha denunciado en múltiples ocasiones, quienes permanecen en estos lugares lo hacen, en su mayoría, en condiciones inhumanas. Persisten los hechos que llevaron a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional en las penitenciarías, hace 21 años.

No se puede seguir oscilando entre la tendencia a sancionar con penas privativas de la libertad una buena cantidad de delitos y los intentos por implementar formas alternativas de castigo

La realidad muestra hoy unas cárceles desbordadas y convertidas en verdaderas universidades del delito, muy lejos de su fin resocializador, que contribuyen con creces a la mala hora actual de la justicia. Que estos centros de reclusión rebasen el tope de su capacidad conduce, entre otros efectos, a que los lugares de reclusión transitorios, como las unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía, sean verdaderas bombas de tiempo por la cantidad de personas detenidas que allí permanecen. La de Puente Aranda, en Bogotá, es escenario cada vez más frecuente de motines, uno de los cuales ya dejó una víctima fatal.

Ante este estado de cosas, hay consenso sobre la inviabilidad del Inpec tal y como hoy lo conocemos, con sus 85 sindicatos. El Ejecutivo continúa en mora de promover una reforma de fondo siguiendo la ruta señalada por los expertos. Lo prioritario es construir una nueva institucionalidad, sin que ello suponga un fin abrupto del actual instituto ni comenzar de ceros en un nuevo frente; debe haber una transición que evite traumatismos. Hay que avanzar también en la construcción de más infraestructura carcelaria, dado el horrible hacinamiento, pero a sabiendas de que esta no puede ser la única acción: contar con más cupos, sin que estos sean parte de una política penal clara y coherente del Estado, es apenas un paño de agua tibia.

Como lo planteó en su momento un conocedor de la materia y columnista de este diario, Hugo Acero, lo deseable sería crear una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa, con autonomía administrativa y patrimonial, que sea la encargada de conformar una nueva guardia carcelaria y penitenciaria. Este nuevo cuerpo podría conformarse a partir de los mejores hombres y mujeres del actual Inpec –por supuesto, luego de una selección rigurosa– y de otros provenientes de otras fuerzas que tendrían que capacitarse y profesionalizarse en la labor de guardias penitenciarios.

Se trata de una movida que debe acompañarse de la ya mencionada política clara de Estado en el frente criminal. No se puede seguir oscilando entre la tendencia a sancionar con penas privativas de la libertad una buena cantidad de delitos y los intentos por implementar formas alternativas de castigo que no pasen necesariamente por la permanencia tras las rejas.

La crisis en las cárceles tiene que ser el punto de partida de una reforma estructural en lo administrativo, pero también en lo normativo, y que bien puede ser el primer paso de la transformación que pide a gritos la justicia.

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