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El foco en lo importante

Tras la salida de Abudinem, urge garantizar que los más de siete mil colegios tengan pronto conexión

Editorial
El desenlace era previsible. Un día antes de lo que ya se vislumbraba como una votación desfavorable de la moción de censura en su contra, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, oficializó su renuncia al cargo, dimisión que le había pedido el presidente Duque.
La funcionaria llevaba varias semanas en el ojo del huracán a raíz de las anomalías en el contrato que su cartera suscribió con la Unión Temporal Centros Poblados con el objetivo de conectar a internet a 7.277 planteles educativos en zonas rurales de 15 departamentos por un valor de 1,07 billones de pesos. El eje del escándalo es el anticipo de poco más de 70.000 millones que giró el Ministerio, con base en una garantía bancaria que la entidad involucrada, el Banco Itaú, aseguró que era falsa. Como lo reveló la Unidad Investigativa de este diario, parte del dinero habría ido a parar a una cuenta bancaria en Miami (Estados Unidos).
En varias instancias, Abudinen ha dado muestras de que ha impulsado todos los mecanismos para investigar este hecho anómalo e inaceptable. Así mismo, reafirmó en no pocas oportunidades su compromiso de recuperar el monto, al tiempo que se puso al frente de la elaboración y firma por parte del proponente que presentó la segunda mejor oferta en la licitación de un nuevo contrato. Lo hizo teniendo muy presente que en un contexto como el actual, cualquier demora tiene una repercusión enorme en un asunto tan sensible como lo es el de la educación de los niños y las niñas de los lugares que iban a gozar de la conexión a la red.

Lo que ocurra en el plano legal es independiente de la dimensión política de lo acontecido y de las responsabilidades que en este plano se juegan.

Hay que decir que en ningún momento ha habido indicio alguno que involucre a la funcionaria en el episodio de marras, al contrario de lo que ha circulado en redes sociales. Es claro, también, que desde que trascendió lo ocurrido la saliente ministra se apersonó de la tarea urgente de dar con los responsables y recuperar para el erario dicha suma, lo que incluyó declarar la caducidad del contrato y emprender acciones legales contra los contratistas, entre otros. Pero todo esto es independiente de la dimensión política de lo acontecido y de las responsabilidades que en este plano se juegan. Con los vientos en contra de un sector importante de la opinión, cada vez más sensible, con razón, a estos asuntos, el primer mandatario optó por pedir su dimisión.
Pasada esta página, hay que ser enfáticos en que la tormenta política y lo que allí ocurra no pueden relegar a un segundo plano dos cosas. Por un lado, la necesidad no solo de esclarecer lo sucedido, sancionar a los responsables y recuperar el anticipo, sino de establecer si estamos ante un modus operandi que ronda la contratación. Los entes de control y la Fiscalía deben despejar pronto esta agobiante inquietud.
Segundo, que se haga lo humana y legalmente necesario para que la demora en la instalación de la infraestructura para conectar los colegios sea la menor posible. En tal sentido es una buena noticia saber que este desafío seguirá siendo impulsado desde de la propia Casa de Nariño, como bienvenida señal de que aquí, además de los castigos a que haya lugar, lo que más importa es cumplirles a los niños y niñas que siguen desconectados.
EDITORIAL
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