El debate sobre la dosis mínima

El debate sobre la dosis mínima

Es necesario que el Congreso, como se ha anunciado, abra la discusión y revise el tema.

Por: Editorial
01 de abril 2018 , 01:40 a.m.

La semana pasada fue protagonista un asunto de enorme trascendencia para la toda la sociedad. El Fiscal General y los alcaldes de las principales capitales del país lanzaron la alerta por una situación que se ha convertido en gran cortapisa para la lucha contra los criminales que manejan la venta de droga al menudeo en toda Colombia: el hueco generado por sentencias de las cortes Constitucional y Suprema sobre el porte de la dosis mínima de drogas. Es un debate sensible, pues muchos sectores consideran que la línea jurisprudencial lo que hace es ahondar en la defensa de derechos básicos como la libre personalidad, evitando la criminalización del consumo y concentrando la acción de la justicia en la represión de los que se lucran del negocio de la droga.

Pero siendo claro que poco sentido tiene perseguir a quienes consumen drogas, lo es también que el Estado no puede ni debe bajar la guardia en la persecución de los carteles que a diario ganan miles de millones de pesos por la distribución y venta de narcóticos en las calles. Y eso, desafortunadamente, es lo que muestra la experiencia tras las sentencias que, literalmente, crearon una zona gris a la hora de definir cuándo una persona porta droga para su propio consumo y cuándo se trata de los jíbaros, que venden de mano en mano.

Es una cuestión muy preocupante. En carta abierta, los alcaldes reunidos en Asocapitales pintan así el complejo panorama: “Uno de los puntos más críticos que hemos logrado observar es cómo día a día la operatividad de las autoridades en la captura decidida de quienes se lucran del narcomenudeo se ve diezmada por las libertades excusadas en el argumento de la dosis mínima. Gramos, libras y kilos que suman toneladas de dinero criminal. Necesitamos ajustes legales para vencer el microtráfico y adelantar un trabajo interinstitucional, articulado con las entidades de seguridad y justicia, y así poder fortalecer la seguridad urbana”.

La ley establecía en 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína ese límite. Pero varios fallos han ampliado el concepto, al punto de que uno de ellos establece esa dosis mínima como la que “la persona necesite para su consumo personal”.

El Estado no puede ni debe bajar la guardia en la persecución de los carteles que a diario ganan miles de millones de pesos por la distribución y venta de narcóticos en las calles

De nuevo, parecería un giro inocuo si esa zona gris no estuviera siendo usada por los delincuentes para mover su venenosa mercancía, incluso en los alrededores de colegios y universidades. Según la Fiscalía, en una sola semana fueron capturadas bajo cargos de microtráfico casi un centenar de personas, que, sin excepción, quedaron en libertad cuando aseguraron que si bien llevaban más droga que la permitida por dosis personal, se trataba de un aprovisionamiento para su propio consumo durante varios días. He ahí uno de los peligrosos vericuetos.

La Corte Suprema ha respondido al debate con el argumento de que es obligación de la Fiscalía y la Policía demostrar que la droga portada es para la venta y que las falencias a la hora de cumplir esa tarea explican el alto número de libertades de supuestos traficantes. Pero, sin desconocer las razones que le caben a esa posición, no está de más recordarles a los magistrados la complejidad de la situación nacional y la probada sagacidad de los delincuentes a la hora de aprovechar cualquier vacío institucional o legal.

Una muestra de ello son grabaciones –en poder de la Policía– hechas a redes de microtráfico y que han documentado cómo aleccionan a sus correos para acogerse a la jurisprudencia sobre dosis mínima cuando son sorprendidos en flagrancia. Y muchos maestros y padres de familia son testigos preocupados de cómo los expendedores de drogas detenidos gracias a llamados de la comunidad vuelven una y otra vez a las calles con la misma argucia legal. Como, según cuenta la historia, aquella con la que el sabio Victor Hugo calificó de ‘Constitución para ángeles’ a la de 1863, seguimos haciendo normas más dignas de la realidad de Dinamarca que de Cundinamarca. Por eso es necesario que el Congreso, como se ha anunciado, abra el debate y revise el tema para tomar por la vía legislativa los ajustes que se necesitan frente a la dosis mínima.

No se está llamando a cacerías de brujas ni a criminalizar realidades que, como el consumo de droga, requieren soluciones de educación y salud pública. No. Pero también es cierto que el Estado debe luchar articuladamente contra el narcotráfico en todos sus frentes y escenarios. Esa lucha dejó hace tiempos de ser un asunto de combatir los cultivos y la fabricación de alcaloides. Somos hace años, y es una dolorosa realidad, también un país de consumidores, y las respuestas al flagelo tienen que ser, a no dudarlo, creativas e innovadoras. Con todas las herramientas de combate contra el flagelo.

Pero mucho va de esto a posiciones cándidas que, por muy buenas intenciones que tengan, solo terminan agudizando nuestras abundantes dificultades en esta materia.

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