El camino correcto

El camino correcto

Las armas de fuego deben estar en manos del Estado, que tiene a su vez que proteger a la sociedad.

Por: Editorial
12 de febrero 2020 , 08:44 p.m.

En un momento de particular sensibilidad social por el dramático caso del médico que, en defensa de su vida, se vio obligado a disparar contra tres delincuentes, el Gobierno ha reiterado que su política tendiente a lograr el menor número de armas en manos de civiles seguirá adelante.

Es un mensaje en el camino correcto: las armas de fuego deben estar en manos del Estado, que tiene a su vez que hacer mayores esfuerzos por proteger de los delincuentes a la sociedad civil.

Se trata, por supuesto, de una política a mediano plazo. De hecho, como lo reveló un informe de este diario, cada día se están expidiendo 10 nuevas licencias para portar armas, en el entendido de que quienes las solicitan enfrentan situaciones de riesgo que obligan a que el Estado les permita defenderse.

Siendo esto así, y teniendo claros los alcances de las organizaciones criminales que siguen operando en el país y de la delincuencia común, lo que procede es continuar avanzando para conseguir cada vez un mayor desarme.

Los beneficios de esa política son claros en Bogotá, donde la vienen aplicando desde hace dos décadas y tiene una tasa de homicidios casi 10 puntos por debajo del promedio nacional. La teoría es simple: a mayor número de armas de fuego en las calles, más posibilidad de violencia homicida, muchas veces en lamentables episodios de intolerancia.

Se requiere que el Estado todo cumpla a carta cabal con la misión fundamental de proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos. Y esa tarea no es solo de las autoridades de Policía, sino de la justicia y sus operadores. Esa misión pasa por mejorar la inteligencia y la judicialización, para prevenir nuevos delitos y asegurar procesos sólidos contra los delincuentes. También, claro, sacar de circulación miles de armas que los criminales utilizan sin miramientos.

No tiene presentación que casi a diario delincuentes profesionales capturados queden en libertad por la indolencia de algunos jueces o por errores de la Fiscalía. El propósito es salvar vidas.

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