El asedio a los líderes sociales

El asedio a los líderes sociales

Su protección es fundamental para contener la embestida del crimen organizado.

Por: Editorial
12 de enero 2019 , 11:31 p.m.

El año comenzó de la peor manera posible en un frente crítico para el país: la protección de los líderes sociales. Siete han sido asesinados en las dos primeras semanas del 2019. 

Gilberto Valencia, presidente de la junta de acción comunal de Suárez, Cauca; José Solano, integrante de la junta de acción comunal de la vereda Puerto Jobo de Caucasia, Antioquia; Wílmer Miranda, miembro de una asociación de campesinos de Cajibío, Cauca; Maritza Quiroz, representante de la mesa de víctimas del Magdalena; Dima Parada, presidenta de Asojuntas en Hacarí, Norte de Santander; Wilson Pérez Ascanio, miembro del Movimiento por la Constituyente Popular y Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Victoria de Cartagena del Chairá, Caquetá, fueron las siete víctimas que se suman a las 231 registradas desde enero del 2016.

Cuantas veces sea necesario habrá que reiterar que el asedio a quienes desempeñan estos roles en sus comunidades es un fenómeno de extrema gravedad, pues amenaza, y seriamente, nada menos que la posibilidad de un futuro en el que se destierre la violencia y sea posible la convivencia pacífica entre colombianos, gracias a la prevalencia del Estado de derecho. Esto lo sabe ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que estudia el nombramiento de un relator especial para esta crítica situación.

Hay que decirlo con toda claridad: estos ataques buscan debilitar el tejido social, dinamitar los lazos de confianza entre la gente, que son los que a la larga hacen posible no solo convivir, sino alcanzar mejoras y garantizar que prevalezca el interés general sobre el particular. La existencia de un tejido social robusto será siempre un obstáculo para el crimen organizado y sus mafias, las cuales requieren un entorno en el cual reine el terror para que sus actividades, macabras y sangrientas, puedan prosperar a sus anchas.

Así se busca debilitar el tejido social, ese que a la larga permite no solo convivir sino alcanzar mejoras y garantizar que prevalezca el interés general

Debe resaltarse un elemento clave que atraviesa esta persecución: una buena parte de las víctimas estaban comprometidas con iniciativas ligadas nada menos que a la implementación de los acuerdos de paz. Estos, como es por todos conocido, además de silenciar los fusiles apuntan a la construcción de una paz estable y duradera mediante la generación de instituciones y condiciones que les permitan a vastas zonas del país históricamente excluidas encarrilarse por la senda del desarrollo en un marco de legalidad, creando un círculo virtuoso que lleve a mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que aumente la confianza entre ciudadanos y de estos hacia el Estado.

De ahí lo dicho respecto a la posibilidad de un futuro con condiciones sólidas para la convivencia y el progreso de todo el país. Hacer realidad lo que contienen los acuerdos de paz sigue siendo la alternativa más segura y efectiva para cerrarles el paso a quienes desde la informalidad y el crimen pretenden extraer rentas, amedrentar, en fin, ser amos y señores de territorios en los que por décadas ha habido abandono estatal. Puesto de otro modo, cualquier acción estatal contra la minería ilegal, el contrabando, la deforestación y el narcotráfico –las grandes amenazas, hoy por hoy, de la consolidación de la paz– debe apoyarse en un juicioso y constante trabajo con la gente para que entienda y compruebe que siempre será mejor estar del lado de la legalidad. Esta también es la senda por seguir para proteger a los líderes, sin dejar de lado las urgentes tareas que le competen, en su mayoría, a la Unidad Nacional de Protección.

A su vez, hay que reconocer que el Ejecutivo y la Fiscalía no se han quedado quietos ante esta crítica situación. El ente acusador ya ha esclarecido 136 casos –más de la mitad–, y 186 personas vinculadas a estos se encuentran tras las rejas. El viernes, luego de una reunión previa al encuentro con los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Gobierno anunció la puesta en marcha de su Plan de Acción Oportuna, que comprende visitas a cinco zonas críticas para determinar cómo se puede mejorar la protección de quienes podrían estar en la mira de los asesinos.

Que se haga todo lo humanamente posible por detener esta ola asesina. Que se tomen las medidas que demanda la coyuntura, pero que no se claudique en los esfuerzos mencionados, que conducen a una solución estructural del problema. Para ello es necesario un impulso permanente de la opinión: el rechazo al asesinato de líderes debe ser una causa que una el país. Esto implica, sobre todo, cero tolerancia frente a ciertas campañas que, como lo planteó el relator de la ONU para el tema, Michel Forst, en su visita al país a finales del 2018, “buscan desacreditar su trabajo, asociándolos con la oposición política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos antipatriotas, criminales e incluso traidores”.


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editorial@eltiempo.com

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