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El drama de Cali

El diálogo es imperativo para consolidar los corredores humanitarios y frenar los actos violentos.

Editorial .
Una semana completó ayer la situación crítica en Cali. El entusiasmo que en un importante sector de su población han despertado las multitudinarias marchas pacíficas ha sido opacado por la zozobra y el miedo, fruto de las alteraciones del orden público, que han ido desde el vandalismo hasta tiroteos nocturnos, pasando por saqueos de comercios. Los bloqueos en las vías de acceso a la ciudad han provocado escasez de bienes básicos e insumos médicos.
Sin pasar por alto hechos muy graves que han tenido lugar en otros centros urbanos, como los ataques a 16 CAI en Bogotá en la noche del martes, es claro que los 2,2 millones de habitantes de Cali han sido quienes con mayor severidad han sentido las consecuencias de estos días, que han sido tan convulsionados para el país.
Y es que no solo es la angustia al ver que la comida y la gasolina son cada vez más difíciles de conseguir. Son también ese desasosiego que produce el no tener mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en las calles y, sobre todo, la ansiedad que causa pensar que puede haber interesados en que el drama escale. Todo esto en un marco de desconocimiento de lo que mueve y aglutina a buena parte de los manifestantes, muchos de ellos jóvenes que han crecido entre la exclusión y la ausencia de espacios políticos.

Todas las denuncias de abusos de la Fuerza Pública tienen que ser cuanto antes objeto de una investigación eficaz y rigurosa.

Se suman a este panorama los indicios –que las autoridades consideran sólidos– de que el crimen organizado ligado al narcotráfico estaría involucrado, coordinando y financiando a quienes han irrumpido en almacenes y a quienes han atacado de forma sistemática a la Fuerza Pública. Las autoridades locales también han pedido deportar a los venezolanos que han sido vinculados a actos violentos. Es necesario que la Fiscalía se empeñe a fondo para que pronto se sepa de dónde vienen los tentáculos que mueven la criminalidad. Hay que tener presente la cercanía de la capital del Valle con zonas donde se concentran diferentes eslabones de la cadena de producción y distribución de la cocaína; y no solo el vecino departamento del Cauca, también los Farallones, Jamundí y El Naya.
Al mismo tiempo, son muchas las denuncias acompañadas de evidencia sobre inaceptables excesos de la Fuerza Pública, incluidos los casos de Marcelo Agredo y Nicolás Guerrero. Todos estos episodios, sin excepción, deben ser objeto de una investigación eficaz y rigurosa. Urge hacerlo, por la dignidad de las víctimas y de sus familias y para que la legitimidad de instituciones fundamentales en un Estado de derecho no sea puesta en tela de juicio. El ejercicio de la autoridad tiene que hacerse sin abusos.
Ante tal situación, hay que apoyar los llamados al diálogo que ha liderado el alcalde Jorge Iván Ospina, tendientes sobre todo a que se respeten los corredores humanitarios que ya se han logrado abrir para que por ellos ingresen víveres y provisiones a los hospitales. Esto hay que aplaudirlo y reconocerlo. Es claro, así mismo, que superar esta compleja situación debe ser prioridad incuestionable del Gobierno Nacional.
La protesta, si es pacífica, puede continuar, eso está claro, pero de ninguna manera debe terminar en algo parecido a un sitio a toda una ciudad, poniendo así la cuota inicial de una tragedia que estamos a tiempo de evitar.
EDITORIAL
editorial@eltiempo.com
Editorial .
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