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Otra muerte absurda

Ante los hechos que cobraron la vida de Juliana Giraldo, urge saber todo lo que llevó al disparo.

Editorial .
Cuando todavía están frescas las imágenes de la manera brutal como dos patrulleros redujeron, en Bogotá, a Javier Ordóñez, y fresca también la indignación que se mantiene latente no solo por esta escena, sino por los detalles que, conforme avanza la investigación, se han ido conociendo sobre la suerte que corrió este ciudadano en el CAI del barrio Villa Luz, un nuevo episodio en el que una persona pierde la vida a causa de un uso indebido de las armas por la Fuerza Pública sacude y genera consternación.

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Juliana Giraldo se llamaba la mujer que el jueves pasado en la mañana perdió la vida luego de que soldados le dispararon al vehículo en el cual se movilizaba con su pareja, Francisco Larrañaga, en zona rural de Miranda, Cauca. Larrañaga asegura que tras constatar que no llevaban consigo los documentos del automotor decidieron retornar, lo que desencadenó los disparos. En este punto, las versiones no coinciden: mientras el comandante de la Tercera División, general Marco Mayorga, afirma que en la vía estaba dispuesto un retén cumpliendo con todos los protocolos, la comunidad dice lo contrario. El oficial manifestó ayer que el proyectil que le causó la muerte a Giraldo había sido disparado al piso por un soldado. Uno de los ocupantes del vehículo lo contradice y sostiene que no había tal retén y que el disparo fue a quemarropa, por un soldado “que apareció del monte”.

Las respuestas a las preguntas sobre lo que tuvo lugar en el retén del Ejército deben ser concretas y dar pie a correctivos efectivos.

Aquí, una vez más, es fundamental que la Fiscalía y también Medicina Legal hagan su tarea pronto y lejos de cualquier presión para poder tener datos científicos concluyentes acerca de cómo se produjo la muerte de Giraldo y establezcan si sus compañeros alteraron la escena del crimen, como se ha denunciado. También hay que ser enfáticos en que se trata de un hecho de suma gravedad por el que tienen que responder sus responsables: el soldado que disparó, pero también sus superiores.
Hay que reconocer todo lo que ha sucedido después de la tragedia, que incluyó declaraciones del Presidente y los altos mandos para condenar el hecho y mostrar solidaridad con la familia de la víctima y un acto de perdón y reconciliación entre la familia de Giraldo y la del soldado, un gesto de gran valor en tiempos de tanta aridez en este terreno. Pero estos gestos, bienvenidos y necesarios, no pueden dejar en segundo plano la obligación de que se sepa qué ocurrió, por qué ocurrió y, lo más importante, qué hay que hacer para que nunca más se produzca una muerte absurda como esta. Por cierto, duele aclararlo, no es la primera que sucede en circunstancias muy similares.
Sobre todo, hay que establecer exactamente qué factores condujeron a que un uniformado optara por abrir fuego de buenas a primeras ante un blanco que, según todos los testimonios, no representaba ninguna amenaza a su integridad o a la de sus compañeros. De nuevo: qué instrucción ha recibido, por qué no se siguió, como han denunciado, el protocolo existente para los retenes. Las respuestas deben ser concretas y dar pie a correctivos efectivos. Es la manera de impedir que, a raíz de los episodios recientes, se siga distorsionando gravemente la imagen de instituciones cuya razón de ser no es otra que la de estar del lado de la ciudadanía.
EDITORIAL
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