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La comida en las cárceles

La comida en las cárceles

Están en mora de revelar los responsables de que los internos reciban una alimentación tan indigna.

Alas de por sí muy precarias condiciones de vida en las cárceles del país se agrega una que hace aún más gravosa la situación de las cerca de 120.000 personas que están privadas de la libertad y bajo custodia del Estado: la pésima calidad de la comida.

Un informe revelado por este diario, al que se suman las reiteradas denuncias del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, muestra un desolador panorama que no es de ahora, sino de siempre: comida en malas condiciones de salubridad, raciones por debajo de los mínimos vitales, alimentos supuestamente entregados pero que nunca aparecen conforman el menú diario para más de 97.000 internos de las 132 cárceles y penitenciarías del país. Ocurre lo mismo con otros miles de ciudadanos que pasan semanas y hasta meses en las URI y estaciones de policía, a la espera de que se abra un cupo carcelario. Las inspecciones del Ministerio han encontrado comidas con gusanos, menús que no se corresponden con el clima de los sitios donde están los centros de reclusión y cocinas que utilizan para la cocción aguas estancadas, en un vergonzoso episodio que les ha recordado a los colombianos otros escándalos indignantes como el del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Diferentes medidas adoptadas el último año a raíz de la pandemia han ayudado a que los niveles de hacinamiento hayan caído al 20,9 por ciento, lo que en todo caso equivale a casi 17.000 personas en sobrecupo en construcciones que, en su mayoría, son vetustas y antifuncionales. Ese respiro que han tenido los internos, gracias a las medidas de descongestión carcelaria, sin duda es importante, pero está lejos de marcar una mejora real. Hay graves problemas de fondo.

Un servicio por el que el Estado paga decenas de miles de millones de pesos al año y que hoy es una nueva fuente de denuncias de corrupción.

Quienes caen en una cárcel en Colombia se ven enfrentados desde el primer día a un régimen de corrupción y sometimiento a poderes criminales que el Estado ha sido incapaz de romper en todos estos años. En buena medida porque la autoridad carcelaria, el Inpec, sigue siendo, con sus más de 70 sindicatos, un ente inmanejable cuya persistencia incluso agrava los problemas carcelarios, y porque no ha habido un gobierno que se haya decidido a ponerle el cascabel al gato para dar pasos resueltos hacia su eliminación. Y la separación de las funciones administrativas de las de vigilancia, que fue lo que se hizo hace una década larga con la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –la Uspec–, simplemente no ha funcionado porque desde el comienzo esta entidad terminó tomada por sectores políticos que se han atravesado frente a cada intento de hacer más eficiente y transparente el uso del billonario presupuesto asignado a la administración y construcción de cárceles.

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría están en mora de revelarle al país quiénes son los responsables, tanto en la Uspec como en el sector privado, de que los internos no reciban una alimentación en condiciones dignas y adecuadas. Servicio por el que, además, el Estado paga decenas de miles de millones de pesos al año y que ha acabado convirtiéndose, como otras licitaciones del sector carcelario, en fuente de múltiples denuncias de corrupción y abusos.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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