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Un deber ético

Un deber ético

Que la discusión se aleje de los extremos es vital para que avance el regreso a los salones.

El impacto del cierre de las aulas con motivo de la pandemia de covid-19 ya se empieza a ver reflejado en las cifras. Los resultados de las más recientes pruebas Saber 11, tal y como lo reveló un estudio de la Universidad Javeriana, apuntan en este sentido.

Y aunque en principio los resultados nacionales indican una tenue mejora –dos puntos aumentó el promedio nacional: de 248 a 250 sobre un máximo de 500–, este guarismo no refleja, a juicio de las autoras del estudio, una mejora en la calidad educativa. La razón tiene que ver sobre todo con una disminución en la cantidad de estudiantes que presentaron la prueba (27.000 menos), un dato preocupante.

Pero lo que más inquieta es que así se van confirmando los temores sobre cómo el covid-19 se ha ensañado con los sectores más vulnerables. Y aquí las responsables del trabajo señalan como determinante el poder acceder a equipos y a una conexión a internet. No obstante, otros indicadores alimentan la preocupación: la brecha entre los estudiantes de planteles públicos y privados creció cinco puntos, así como aumentó la distancia entre los sectores urbanos y los rurales. Todo esto ocurre al tiempo que el necesario regreso seguro de los alumnos a las aulas no logra aumentar su velocidad. Según datos del propio Ministerio, para finales del mes pasado 92 por ciento de los alumnos del país seguían en casa.

Los resultados de las pruebas Saber 11 confirman los temores sobre un crecimiento de las brechas debido al cierre de las aulas.

Poco ayuda en este propósito el rumbo que ha tomado la discusión. Esta es hoy un pesado lastre, en tanto han predominado las posturas radicales antes que aquellas que permiten apreciar los matices que este tema contiene. Y aquí hay que ser claros: tomar el camino de ceder y conciliar, ante la importancia de lo que está en juego es, cuando menos, un deber ético.

Lo peor aquí es apostarle al todo o al nada. Es cierto que no es ni mucho menos viable pretender un regreso masivo e inmediato sin considerar datos epidemiológicos, las medidas de bioseguridad necesarias y el nivel de riesgo de docentes mayores de 60 años o aquellos con comorbilidades. Pero es verdad también que los evidentes rezagos y carencias de muchos planteles en infraestructura y acceso a servicios básicos no pueden conducir, como ha sido el caso, a una postura que por momentos condiciona suplir todas estas carencias para que los niños y las niñas del país puedan retornar.

El Gobierno debe comprometerse a hacer la parte de la tarea que le corresponde, como ha venido ocurriendo y que incluye lograr pronto la vacunación de los educadores, al tiempo que los maestros deben revisar sus actuales inamovibles. En las circunstancias actuales, incluso con lo que implica el tercer pico, es factible lograr más avances, por ejemplo: acelerando la alternancia en áreas con cifras bajas de casos activos y velocidad de contagio. Todo sin poner en riesgo la salud de los profesores, tema que, por cierto, obliga no solo a tomar nota de las experiencias, positivas, de otros países que llevan varios meses de educación presencial, sino a adelantar estudios que den luces concretas sobre el comportamiento del virus y su transmisibilidad en los espacios escolares del país.

Urge avanzar, está en juego toda una generación. Alejarse de los extremos en la discusión tiene que ser el paso por seguir.

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