Secciones
Síguenos en:
Herramientas urgentes

Herramientas urgentes

Congreso debe darle al proyecto de ley anticorrupción la importancia que reviste un tema como este.

En el Congreso empieza su trámite –aparentemente, sin mucho entusiasmo parlamentario– una de las iniciativas más importantes para los colombianos: el proyecto que crea nuevas herramientas contra ese cáncer nacional que representa la corrupción.

Casi tres años después de que cerca de 12 millones de colombianos votaron por la consulta anticorrupción, poco es lo que se ha avanzado para hacer más eficiente –y menos grandilocuente– la lucha contra los que se roban la plata de todos los colombianos, especialmente de los más pobres. Ese mandato moral, al que le faltaron unos pocos miles de votos para convertirse en imperativo para el Congreso, sigue en la lista de los pendientes para el Estado. De allí la importancia del proyecto de ley que presentó el año pasado la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República y que ahora empieza trámite en la Comisión I de Senado.

No obstante la importancia del tema, el arranque del debate ha tenido ya varios aplazamientos. Y la ponencia definitiva no incluyó algunas de las propuestas iniciales, como la que pretendía que la elección de los personeros municipales fuera más técnica y menos política, y, sobre todo, la que endurecía las inhabilidades para que aportantes o donantes a las campañas políticas pudieran contratar con entidades que dependen del candidato elegido, a nivel municipal, departamental y nacional. El ponente consideró “desproporcionado, restrictivo y con impactos imprevistos” el resultado de esta última prohibición.

El proyecto allana caminos para quienes se decidan a cumplir con el deber de poner en evidencia a los delincuentes de cuello blanco.

La propuesta que tiene en sus manos el Congreso, en todo caso, incluye importantes ajustes. Así se plantea, por primera vez, un régimen de protección, incluso de la identidad, de las personas que denuncien. La corrupción crece proporcionalmente a las dificultades y los riesgos que enfrentan quienes conocen los hechos y pueden denunciarlos, y el proyecto de Transparencia allana caminos para quienes se decidan a cumplir con el deber de poner en evidencia a los delincuentes de cuello blanco y las riquezas obtenidas de modo ilícito.

De la misma manera, la iniciativa incluye sanciones reales para las personas jurídicas que resulten beneficiadas de los actos de corrupción y haría también más transparente el conocimiento de los beneficiarios finales de las empresas con la creación de un Registro Único que estaría manejado por la Dian, y al que tendrían acceso las autoridades judiciales y de control. De esta forma serían visibles las personas reales que están detrás de muchas uniones temporales y sociedades que hoy por hoy pasan de agache a través de la creación de nuevas empresas y repiten millonarios contratos públicos a pesar de que hayan tenido cuestionamientos en el pasado. Asimismo se plantean ajustes para lograr que la acción de repetición –el Estado demandando para recuperar la plata que pierde por corrupción o ineficiencia– deje de ser una excepcionalidad y se convierta, como debía ser, en una eficaz herramienta para salvaguardar los dineros públicos.

El Congreso no puede ser inferior a lo que esperan de él los colombianos: que cumpla con la obligación de sacar adelante las normas que le sirven al país para estrechar el cerco sobre los corruptos.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

MÁS EDITORIALES

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.