Ojo con Cúcuta

Los habitantes de esta ciudad y de la región sufren en medio de una cruenta disputa entre criminales

Por: Editorial
10 de agosto 2020 , 09:25 p. m.

No son para nada halagadoras las noticias que llegan por estos días de Cúcuta y Norte de Santander, la región del Catatumbo para ser específicos, en materia de orden público.

Por un lado está el impresionante auge de los cultivos ilícitos en la mencionada zona del Catatumbo. Con 41.711 hectáreas, Norte de Santander es el departamento con mayor área de cultivos de coca, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y buena parte de estas se encuentran allí.

La presencia de carteles mexicanos dispuestos a adquirir la pasta de coca en una zona que es limítrofe con Venezuela, factor que facilita su transporte, ha estimulado el aumento de los sembradíos y, de paso, de la deforestación.

En la capital se disputan
el control de negocios ilegales el Eln, ‘los Rastrojos’, ‘los Caparros’ y otras quince bandas criminales.

Como suele suceder en un escenario así, grupos armados se disputan a sangre y fuego el control del negocio. En este caso son ‘los Rastrojos’ y el Eln los que libran una sangrienta lucha con la población civil en la mitad. En el primer semestre de este año se han registrado –según cifras de la fundación Progresar, que con gran coraje dirige Wilson Cañizares– en este departamento cinco masacres, en las que fueron asesinadas 27 personas. La más reciente ocurrió el pasado 19 de julio en la vereda Totumito Carboneras del municipio de Tibú, que dejó ocho personas muertas y causó el desplazamiento forzado de más de cien familias.

Tres de esas masacres tuvieron como escenario el Área Metropolitana de Cúcuta, que dejaron 17 muertos. En la capital, la situación es también tremendamente compleja. Aquí confluyen, además de los mencionados ‘Rastrojos’ y el Eln, bandas como ‘los Caparros’ y por lo menos otras quince –según cifras de las autoridades– que se disputan el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal, así como de delitos como microtráfico, sicariato y extorsión, sobre todo. Son frecuentes las quejas de la población, que padece la zozobra propia de una situación como esta. Poco ayuda a esta sensación de vulnerabilidad un panfleto que circuló hace unos días y anunciaba la llegada de un nuevo grupo bajo la macabra promesa de llevar a cabo una ‘limpieza social’. Las cifras respaldan la percepción de la gente: en un 14 por ciento aumentó la cifra de homicidios en el primer semestre de este año en comparación con el mismo período de 2019. En lo tocante al área metropolitana, también crecieron: de 155 a 165.

No hay duda de que la vecindad con un país en donde impera un régimen corrupto como el de Nicolás Maduro supone un obstáculo gigantesco para cualquier propósito de atacar estos fenómenos. Pero no queda otra alternativa. Las autoridades han mostrado algunas cifras, como la del esclarecimiento del 31,3 por ciento de los homicidios cometidos en el área metropolitana.

También hay que aplaudir que las familias desplazadas por la masacre de Totumito hayan podido regresar, en el marco de un plan de intervención integral del Estado en esta región. Pero falta mucho. Lo primero es, sin duda, trabajar para fortalecer la confianza de la gente en las autoridades, esfuerzo que incluye, si es necesario, una depuración, y, sobre todo, como ya ha sucedido, evitar estigmatizar al mensajero.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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