El código electoral

El código electoral

Los cambios positivos que trae el nuevo proyecto no pueden darse a costa de preocupantes retrocesos.

Por: Editorial
02 de diciembre 2020 , 08:44 p. m.

Es verdad que los cambios que la sociedad ha experimentado a todo nivel, y a veces de manera abrupta y acelerada, sencillamente obligan a que las instituciones y ciertas normas varíen para responder a las nuevas realidades.

Así ocurre con la democracia. Por suerte, uno de los pilares sobre los cuales se levanta cualquier régimen, si verdaderamente es democrático, es justamente la posibilidad de usar sus propias herramientas para adelantar reformas de sus principios y reglas de juego, incluso estructurales.

Lo anterior como antesala para decir que es bienvenida la actual discusión sobre el proyecto de ley que daría vida a un nuevo código electoral. Es claro, de entrada, que no son pocos los aspectos de nuestro sistema electoral que deben actualizarse con el fin de mejorar y así profundizar y robustecer nuestra democracia. Podría decirse, incluso, que es una necesidad. El código hoy vigente data de 1986, año en el que fue expedido por decreto.

Si ha de evolucionar, debe estar garantizado que los pasos serán firmes hacia adelante, no sobre arenas movedizas.

La iniciativa contiene elementos valiosos que responden a necesidades concretas. Por ejemplo: la biometría en los puestos de votación, que el Estado provea el transporte el día de las elecciones, el voto anticipado, la verificación de la huella dactilar en cada mesa, el voto remoto a través de la nueva cédula, garantizar que sea propiedad de la Registraduría y no de privados la herramienta tecnológica que emite el resultado del preconteo el día de la votación, y una hoja de ruta para una auditoría de dichos sistemas que garantice la transparencia en su utilización.

Pero incluye también aspectos que han motivado las numerosas y bien sustentadas críticas de los últimos días, provenientes de orillas diversas. Tal vez la que más preocupa sea la del riesgo de un clientelismo desbordado que terminaría contaminando la obligatoria independencia y transparencia de la institucionalidad electoral, causando un daño gravísimo a la democracia. Las facultades que le otorga tanto al Gobierno Nacional como al Registrador en materia presupuestal y burocrática, hay que decirlo, no huelen bien. Así mismo, se ha advertido que no se tocan temas que de tiempo atrás reclamaban modificaciones como el de la, para muchos, excesiva delegación en privados de tareas y labores propias del día de votación.

Otras críticas les apuntan a los tiempos: si la Corte llega a decidir que es inconstitucional la totalidad o una parte importante del código, este pronunciamiento tendría lugar estando ya la contienda de 2022 en curso. Se generaría una tormenta que en tiempos como los que corren de polarización y creciente desconfianza podría convertirse en verdadero huracán.

Todos estos aspectos tienen que ser considerados de forma rigurosa y responsable por los legisladores, quienes deben saber lo que está en juego. Con todo lo que ha sucedido en nuestra historia política y con todos sus defectos, que no son pocos, el sistema electoral ha logrado permanecer a salvo en medio de candentes batallas e incluso ser referente regional, beneficiando enormemente a nuestra democracia. Si ha de evolucionar, debe estar garantizado que los pasos serán firmes hacia adelante, no sobre arenas movedizas.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

MÁS EDITORIALES

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.