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El reto del Congreso

Tras un período que dejó leyes de impacto, el Legislativo debe concentrarse en un cierre notable.

Editorial .
Con la aprobación a comienzos de esta semana, en sesiones extras, de la norma que faculta a gobiernos locales a cobrar una sobretasa a la gasolina, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional, llegó a su fin el segundo periodo de sesiones de la legislatura que comenzó el 20 de julio del año pasado.
En un contexto todavía de anormalidad debido a la pandemia de covid-19, situación a la que se sumó todo lo que trajeron consigo las protestas que comenzaron el 28 de abril, hay que decir que el Congreso logró que los focos de la opinión se orientaran hacia el Capitolio con una intensidad incluso mayor que la de semestres recientes.
Sin duda, la fallida reforma tributaria que desencadenó el descontento social tuvo su cuota. Pero no fue este el único proyecto en copar las primeras planas. Ya el sábado pasado, en estos renglones nos referíamos a tres iniciativas que tendrán impacto directo en la vida de la gente: la licencia de maternidad compartida, el etiquetado frontal de productos con alto contenido de azúcares, sodio y grasas saturadas y la reducción de la jornada laboral.

Los congresistas están en la obligación de
no replicar tendencias que le restan valor
y relevancia al último año de la legislatura.

A estas leyes, las tres de impacto importante, se suma la que reglamenta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, que responde a un clamor poderoso de la sociedad, más allá de las fundadas críticas de las que ha sido objeto. También, una que busca dar mejores herramientas al Estado para hacerle frente al flagelo –en alza– de la violencia intrafamiliar, como lo es la iniciativa que robustece la labor de las comisarías de familia. Quedó pendiente, lista para su segunda vuelta, la que reduce en un mes las vacaciones de los parlamentarios, que en su momento tuvo buena acogida entre la ciudadanía. Pendiente también está la ratificación por Colombia del Acuerdo de Escazú, compromiso del Ejecutivo con el sector ambiental tras las movilizaciones de 2019. Este acuerdo busca proteger a los líderes ambientales, tema sensible como el que más en nuestro país, habida cuenta del vergonzoso primer lugar que ocupamos en la lista de los que cuentan más defensores del ambiente asesinados.
De cara a lo que resta del cuatrienio, hay que ser enfáticos en el llamado a que el último año de este Congreso marque distancia de inveteradas y poco virtuosas tendencias. Nos referimos al riesgo de una relajación en la labor legislativa, en vista de las elecciones que se efectuarán en marzo y mayo y de que el gobierno de Iván Duque esté en su recta final. Las circunstancias que hoy vive el país exigen que el último tramo del Legislativo concentre toda la atención de sus integrantes en ambas cámaras.
Y es que el Congreso es el escenario más idóneo que ofrece nuestra democracia para dar trámite a los cambios que se reclaman desde varias orillas, incluida la de la movilización social en las calles. Tanto el Gobierno como los líderes de la protesta han coincidido en esto. Muchas de las demandas que hoy alimentan la discusión llegarán en forma de iniciativas a partir del 20 de julio al Capitolio, además de proyectos de vital importancia como la reforma tributaria 2.0. La realidad demanda de los congresistas un sentido de responsabilidad superlativo. Ignorar este desafío puede llevar a escenarios que a toda costa urge evitar.
EDITORIAL
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